Ex subsecretario de Pesca: Conmigo se está cometiendo una infamia

El ex subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, quien renunció este sábado a su cargo tras la publicación de una denuncia en su contra por supuestos vínculos con empresas pesqueras, afirmó en Cooperativa que se está cometiendo "una infamia" contra él y su esposa.

En entrevista con Lo Que Queda del Día, Súnico aseguró estar de acuerdo con que el Partido Socialista haya suspendido su militancia tras la acusación: "Quiero valorar la decisión de no emitir un juicio sin escuchar los argumentos que uno tiene. Es un partido serio que cada vez que hay una denuncia o alguna preocupación pública toma esos antecedentes y desarrolla las investigaciones correspondientes. Solo tengo palabras de valoración para aquello porque va a ser parte de los pasos que hay que dar para ir desenmascarando esta infamia que se está cometiendo".

Acerca de la denuncia en su contra, publicada por Ciper Chile, planteó que "lo que se busca es una ligazón (de mis funciones en el Gobierno) con una actividad privada de mi señora que ocurrió en un periodo entre abril de 2010 y diciembre de 2012 que es un periodo en que yo no ejerzo ninguna función no de diputado ni de subsecretario. Yo era de oposición y me tocó encabezar la marcha de gente de Talcahuano en contra del Gobierno de Piñera".

"Mi señora tenía y tiene el legítimo derecho a trabajar en la actividad económica que estime conveniente", añadió.

Acerca de su inclusión como cadidato al Parlamento en 2013 y eventuales aportes de las pesqueras a través de su esposa, argumentó que "la designación de candidatos no es algo que se decida con tres o cuatro años de anticipación. Yo venía de una derrota y no tenía ningún interés de ser candidato hasta que eso se comenzó a discutir a fines de 2012 ó principios de 2013. Y por esa misma razón para evitar cualquier tipo de confusión le pedí a mi esposa que terminara con esa relación laboral para que no se confundiera con la campaña electoral que yo eventualmente, si era designado candidato, podía desarrollar. Por lo tanto no hay ninguna ligazón. Y eso se vincula con la actuación que yo tengo después de 2014, entonces no tiene ninguna relación una cosa con la otra".

Por lo mismo rechazó el cargo de haber tenido conflicto de interés, pues "el conflicto de interés es cuando una persona ejerce un cargo público y usa esa influencia para obtener beneficios personales. Yo no ejercía cargo público".

Al referirse a la acusación de que había comprometido que el Gobierno de Michelle Bachelet no terminaría con la pesca de arrastre, Súnico explicó que "la labor de gobernar significa conversar con todos los sectores. Para eso me pagaban: para hablar con todos los actores y construir una política pública. Sobre la pesca de arrastre, el programa de Gobierno en su página 64 dice 'eliminación progresiva de la pesca de arrastre mediante un procedimiento que tenga el mínimo arrastre en la industria nacional', eso fue lo que yo les expresé".

"Uno de los asistentes (Luis Felipe Moncada, presidente de los industriales pesqueros) a la reunión elaboró una minuta. La confusión es que el Gobierno se comprometió con terminar con la pesca de arrastre, porque eso es leer una parte del programa, sin considerar que no se quería causar impacto en la industria nacional. No está en el programa de Gobierno propiciar la eliminación para que se despida a miles de personas que trabajan en la industria. Ese no es el sentido", añadió.

Y al referirse a la obtención de 33 millones de pesos en 34 boletas por parte de su esposa de la Asociación de Industriales Pesqueros de Biobío (Asipes), detalló que "estas sumatorias siempre son odiosas. Mi señora tenía una remuneración líquida de 900 mil pesos y es contadora auditora. Eso está dentro de los rangos normales, entiendo yo, para esa profesión. Pero lo que se ha hecho es mañosamente vincular un hecho que ocurre cuando yo no era subsecretario respecto de decisiones que yo tomé en el ejercicio de mi cargo".

Las razones que el ex subsecretario cree que impulsaron esta denuncia es que "hemos afectado muchos intereses en nuestra gestión. Por ejemplo, hicimos una interpretación del pago de patentes que involucró un costo adicional de dos millones de dólares para la industia nacional. Ellos recurrieron a la Contraloría agrumentando que me había excedido en mis funciones y la Contraloría me dio la razón. En el caso de Coronel, incautamos en Sernapesca 7.000 toneladas de harina de pescado que todavía están en juicio y presentamos un proyecto de ley que castiga con cárcel a los gerentes de las empresas que procesan, transportan o distribuyen pesca ilegal".

El abogado querellante del caso Corpesca, Matías Ramírez, aseguró que es importante "pesquisar respecto si esos montos recibidos por su señora fueron destinados a su campaña electoral y eventualmente podríamos estar ante una figura de delitos tributarios".

"Pero lo que tiene que ver particularmente con delitos contra la propiedad pública creemos que se debe indagar cuáles fueron sus gestiones en la época como subsecretario y esta vinculación, teniendo presente que -al menos los correos más trascendentes- guardan relación desde el él asume el cargo hasta la fecha", precisó.

En tanto, sobre los pagos de Asipes a una veintena de políticos, la abogada querellante Marisa Navarrete dijo que "evidentemente ya, dentro de la carpeta de investigación, hay antecedentes de que no sólo estamos hablando de un año que serían los años que tuvieron que ver con la tramitación de la ley denominada Ley Longueira, sino que hay acciones posteriores que se van realizando en beneficio también de los industriales pesqueros".

"Todos estos hechos deben ser investigados por la Fiscalía. Hay varios antecedentes que indican que los empresarios pesqueros siguieron trabajando y probablemente siguen trabajando a favor de sus intereses", concluyó.