Parlamentarios de oposición presentaron este lunes una acusación constitucional contra la exministra de Justicia Marcela Ríos, por su rol en la entrega de 13 indultos, situación que derivó en su salida del puesto.
En el texto se acusa a la exautoridad de "haber incurrido en una serie de actos que constituyen infracciones de ley, así como dejar éstas sin ejecución".
La acusación está conformada por dos capítulos: el primero apunta a la "responsabilidad constitucional de la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, por infracción al art. 6 de la ley 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares; en relación con el art. 4 de la misma ley, al otorgar indulto a Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condenas por hechos delictivos circunscritos al denominado estallido social".
El segundo capítulo apunta a la "falta de control jerárquico de la exministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente".
Se solicita, "en definitiva, declarar que ha lugar a la formulación de esta acusación, para que luego el Senado la acoja, declare su culpabilidad (de Ríos) y quede impedida de desempeñar cualquier función pública, sea o no de elección popular, por el término de cinco años, conforme a lo dispuesto en la carta fundamental".
El diputado Andrés Longton (RN) afirmó que, en este caso, "la ministra de Justicia otorga beneficios penitenciarios no cumpliendo con su rol jerárquico de supervigilar, de fiscalizar y además de sancionar a quienes hayan cometido estos actos, que son absolutamente ilegales, vulnerándose entre otros el Reglamento Penitenciario y otorgando beneficios a personas que mediante la fuerza presionaron y extorsionaron a funcionarios de Gendarmería y atentaron contra la población civil".
"Ésos son, en resumidas cuentas, los dos capítulos que -nosotros creemos- tienen la suficiente fuerza para acusar a la ministra, porque habrá renunciado, pero la renuncia no evade la responsabilidad", añadió el parlamentario.
LA COMISIÓN
Esta misma tarde se definió, vía sorteo, a los parlamentarios que analizarán esta acusación, instancia que tendrá una mayoría opositora.
La comisión estará conformada por los diputados Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Henry Leal (UDI), Benjamín Moreno (Republicanos) y Álvaro Carter (UDI).
La diputada Tello dijo que espera que se realice un "trabajo serio, profesional al interior de esta comisión, tanto en la solicitud, recepción y por sobretodo, el análisis de los antecedentes que allí se presenten, que sea un trabajo conforme a la Constitución y las leyes y que no se utilice para rencillas y gallitos políticos".
Mientras que Carter sostuvo que "nos vamos a informar bien, pero que quede claro: esto no es un tema antojadizo, es un tema que se da por la falta de prolijidad de este Gobierno, que no se presenta solamente en este punto, sino que en todos los puntos que hemos visto estos últimos nueve meses en temas de seguridad, en tema económico, y así se ha ido repitiendo sucesivamente".
Tras la notificación formal, la exministra Ríos tiene 10 días para presentar sus descargos ante la comisión, en forma personal o por escrito. Desde dicha comparecencia, la comisión tendrá un plazo de seis días para estudiar el libelo y pronunciarse sobre él.
