Una investigación de Interferencia identificó beneficios para sentenciados por cargamentos de hasta una tonelada.
Entre los casos hay personas con informes desfavorables de reinserción y solicitudes de libertad condicional rechazadas.
El Ministerio de Justicia otorgó rebajas de condena a 115 extranjeros sentenciados por delitos de drogas, según una investigación de Interferencia, que revisó 150 decretos de reducción de penas a ciudadanos extranjeros dictados este año.
De acuerdo con el reportaje, al menos 13 de los beneficiados fueron detenidos en la frontera norte o en controles de las rutas que conectan con ella. En cinco de esos casos, las sentencias acreditaron el ingreso al país por pasos no habilitados.
Los documentos revisados incluyen decretos firmados por el ministro Fernando Rabat y por el entonces subsecretario Luis Silva, en calidad de ministro subrogante. Según el medio, la cartera no se opuso a ninguna de las rebajas analizadas.
Para fundamentar las decisiones, los decretos citan un fallo de 2018 de la Corte de Santiago y dos de la Corte Suprema, y sostienen que "este Ministerio no está habilitado para denegar el beneficio de reducción de condena fundado en la gravedad del delito y el bien jurídico protegido".
Entre los antecedentes publicados por Interferencia figura el caso de Jhoel Ramos Antesana, condenado a cinco años y un día de cárcel tras ser detenido en julio de 2021 en el sector de Alto Lirima, en la comuna de Pica.
Ramos viajaba como acompañante en una camioneta que cumplía funciones de "punta de lanza" para el traslado de 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de clorhidrato de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.
Según la sentencia citada por el medio, el Tribunal Oral en lo Penal de Iquique valoró el cargamento en más de mil millones de pesos y destacó la coordinación de tres vehículos mediante radios, además del nivel de planificación de la operación.
El 12 de mayo, Justicia redujo su condena en tres meses, fijando su término para dos días después.
Otro caso corresponde a Fredy Orlas Heredia, condenado a cinco años y un día por el traslado de 52 kilos de pasta base de cocaína, detectados en septiembre de 2021 durante un control en la garita La Negra, a la salida de Antofagasta.
Según Interferencia, un informe de Gendarmería de abril de 2024 lo calificó con un "nivel de riesgo de reincidencia alto" y no recomendó concederle una pena mixta.
En 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta también rechazó por unanimidad su solicitud, señalando que "no ha demostrado avances en su proceso de reinserción social".
El 1 de junio de este año, Silva firmó como ministro subrogante el decreto que redujo su condena en seis meses, consignó la investigación.
El reportaje también identifica a Wilber Tenajas Orellana, detenido en noviembre de 2022 junto a un grupo que ingresó a pie por un paso no habilitado cercano a la ruta hacia Paso Jama, con 291,5 kilos de marihuana.
Condenado a cuatro años y cinco meses de presidio, obtuvo una rebaja de siete meses mediante un decreto firmado por Silva el 7 de septiembre. Su término de condena pasó del 8 de abril de 2027 al 8 de septiembre de 2026.
Otro de los casos es el de José Luis Liscano Bermúdez y Víctor Mora Araya, detenidos en octubre de 2021 cuando se trasladaban desde Colchane con 32,7 kilos de ketamina, dos pistolas y una granada de uso militar.
Ambos fueron absueltos de las imputaciones vinculadas a las armas y la granada por deficiencias de la acusación y de la prueba pericial, según los antecedentes recogidos por el medio. Los dos recibieron rebajas de condena firmadas por Rabat y se encuentran en libertad, de acuerdo con Interferencia.
La investigación se suma a publicaciones anteriores del mismo medio sobre 56 rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, para las cuales la cartera invocó el mismo argumento sobre sus atribuciones.
