La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó que "no es posible revocar los indultos presidenciales" tras las distintas peticiones que han hecho personeros de oposición de modificar la decisión que tomó el Presidente Gabriel Boric de perdonar a 13 personas condenadas por distintos delitos, 12 de ellas relacionadas al estallido social.
La secretaria de Estado también explicó los dichos del Mandatario, quien apuntó a "desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos", lo que derivó en la renuncia de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y de su jefe de gabinete y principal asesor, Matías Meza-Lopehandía.
"¿Por qué se produjo esta desprolijidad? El Presidente estableció dos criterios para aplicar los indultos: uno que es poder indultar a personas que en el contexto del estallido social que hubiesen cometido delitos y que fruto de ellos estuviesen condenados, y esto es un compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo (...), ese fue el principal criterio", explicó, y el segundo criterio era que "en la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previos al estallido".
Sobre esto último, Vallejo señaló que "ese segundo criterio fue el que no se cumplió fruto de una serie de desprolijidades, de las cuales evidentemente se asumieron las responsabilidades políticas (...), porque los filtros se aplican en primera instancia en el Ministerio de Justicia, pero también en última instancia, a propósito de que es una atribución presidencial, de la jefatura de gabinete. Por eso el Presidente toma la decisión luego de detectar efectivamente esta desprolijidad".
Aunque la ministra recalcó que lo anterior "no dice nada en relación con el componente jurídico-legal de los decretos de indulto", ya que "una cosa es el incumplimiento de este segundo criterio político que fijó el Presidente, y otra cosa es la legalidad de los decretos, eso no está en cuestión".
Finalmente, la exparlamentaria acotó que "si el Presidente hubiera tenido todos los antecedentes a la vista, la situación hubiese sido distinta".
El abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, comentó que "estamos en un terreno bastante sin precedentes, no recuerdo un caso desde que volvió la democracia, los últimos 30 años y por lo tanto hay más de medio siglo que no tenemos idea de un precedente en que se haya revocado un decreto que conceda un indulto".
"A mi juicio, la única opción viable sería que una cuarta parte de la Cámara o del Senado solicitara al Tribunal Constitucional, antes de 30 días que se publicaron estos decretos, la inconstitucionalidad de los mismos, pero la dificultad ahí radica en decir cual es el vicio de constitucionalidad, qué haría que estos decretos fueran inconstitucionales, tampoco aparece claro eso, entonces estamos en una situación bastante compleja", añadió.
Además, explicó que "lo único que establece como algo inamovible es que no se pueden indultar a personas que están condenadas por delito terrorista, pero en general es una ley con mucha amplitud y tampoco permite la autoridad para des-indultar a quien ya fue indultado. Estamos en un embrollo jurídico-constitucional, porque ha trascendido que el Presidente habría elaborado estos decretos sin tener todos los antecedentes a la vista, no está muy claro, está bastante confuso eso. Pero, por otro lado, la ley que regula estos indultos no aparece claro en qué consistiría la ilegalidad, porque el inciso final del artículo cuarto de la ley 18.050, una cuestión bastante insólita, le deja entregado al Presidente de la República que él mismo califique si los requisitos que le impuso la ley a él mismo se cumplieron o no".
DIPUTADO COLOMA PRESENTÓ UN REQUERIMIENTO A LA CONTRALORÍA
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) ingresó un requerimiento a la Contraloría General de la República para impugnar legalidad de indultos decretados por el Presidente Boric. "Esperamos que sea la Contraloría la que corrija la incapacidad del Gobierno y los 'errores y desprolijidades' que han costado que hoy día haya delincuentes en las calles", indicó el parlamentario gremialista.
Sobre los dichos de la ministra Vallejo, aseguró que dio los "argumentos de la acusación constitucional (contra Ríos), reconocer las desprolijidades, que con todos los antecedentes sobre la mesa estas personas no hubiesen sido indultadas", y dijo que "lo que se requiere ahora es revertir los decretos y para eso depende del Gobierno presentar un mecanismo que permita echar pie atrás".
Desde la UDI, Javier Macaya indicó que "lo que ellos deberían declarar hoy día es que van a hacer todo lo posible por revertir esta situación y van a buscar los caminos jurídicos para hacerlo, no ampararse en una cuestión más de tipo legal para no hacerlo. Existe la nulidad de los actos de la administración, existe la posibilidad de por un decreto fundado, que es la misma forma en que se concedieron los decretos, generar una invocación de esta medida".
"Si el gobierno no lo hace nosotros hemos evaluado todas las medidas jurídicas que sean necesarias para revertir esta decisión, tenemos preparado ya y estamos evaluando la oportunidad de la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, hay también una mirada también en Contraloría, lo que significa la situación administrativa de estos decretos y no descartamos ninguna vía de presentación de acciones jurídicas para tratar de revocar esta decisión", añadió.
Desde el oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), valoró la postura del Gobierno y sostuvo que "el indulto del señor Castillo fue un error, porque él no es un luchador social. Lamentablemente es una persona que tiene un prontuario delictual y fue un error. Me parece que es mejor un Gobierno que cuando se equivoca, lo reconozca frente al país".
"No es el espíritu original de los indultos que el señor Castillo esté en libertad, así de simple. Fue un error evidente y me parece bien que se reconozca", agregó.
El senador Juan Ignacio Latorre (RD) manifestó que "lo que hace de alguna manera es reconocer que hubo desprolijidades en una decisión presidencial, hubo errores en el proceso pero finalmente los indultos ya están, es la lista que está en los decretos y no va a haber pie atrás en aquello".
"Se asume el error con la renuncia de la ministra, ni más ni menos, y de un jefe de gabinete muy cercano al Presidente (...) la evaluación, la autocrítica, creemos que se da por cerrado por parte nuestra. La derecha puede seguir alimentando el tema, también queriendo en mi opinión desviar un poco la atención respecto de algunos casos de delincuencia política, en Vitacura por ejemplo, como el caso Torrealba", recalcó.
