La Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Centro Norte investiga a la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, por una querella presentada por la empresa Pegasus sobre posibles delitos de corrupción en la licitación de 300 cámaras corporales de Carabineros.
Ese documento acusa que la ganadora de la licitación, Motorola, fue favorecida estratégicamente por la Subsecretaría aunque sus equipos no contarían con la función de "pre y post grabado", que era una de las condiciones del proceso, que cerró en marzo con una adjudicación por más de 378 millones de pesos.
La empresa se querelló en contra de Martorell y los cinco integrantes de la comisión evaluadora por presunta prevaricación administrativa, fraude al Fisco y falsificación de instrumento público.
En respuesta a esta acción legal, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, describió a la firma como "un particular que no se adjudicó la licitación y presentó una querella aduciendo una inconsistencia por parte de quien se la adjudicó", pero remarcó que según él se trató de "una licitación abierta y transparente".
Asimismo, destacó que en estos casos "existen otros mecanismos como el Tribunal de Compra que los particulares pueden ejercer, pero creemos que los procedimientos se hicieron en regla, y por lo tanto, dejemos que las instituciones funcionen".
"Si hay un particular que se siente afectado, tiene todo el derecho a ejercer su acción, y esperamos que las instituciones que tienen que revisar esta materia lo hagan y puedan ratificar los procedimientos efectuados para adquirir estas tecnologías", concluyó.
