Mientras persisten las dificultades para implementar un ajuste fiscal en 24 carteras, parte central de la política de austeridad del Ejecutivo, el titular de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que en su caso podrá cumplir con la meta de 3% sin mayores problemas.
Según el secretario de Estado, el recorte que debe materializarse durante este año "no va a afectar los servicios más relevantes dentro del Ministerio, porque nuestro compromiso es con todas las personas".
Rabat hizo ver que instituciones como el Registro Civil, el Servicio Médico Legal y la Defensoría Penal Pública "tienen una relación muy directa con las personas. Por lo tanto, en la rebaja para llegar al 3% no se encuentran materias relacionadas con esos servicios, sino que más bien en posponer algunas decisiones de inversión, rebajar horas extraordinarias y viáticos".
El ministro insistió que todo lo anterior se realizará "sin afectar la atención primordial a los ciudadanos".
La situación en Justicia contrasta con otras expuestas desde que el Ministerio de Hacienda ordenó el recorte hace más de un mes: la más llamativa fue la de Seguridad Pública, que quedó fuera de la medida por instrucción del Presidente Kast, y que incluso recibirá recursos adicionales durante 2026.
Por su parte, la ministra de Salud, May Chomali, anunció que la rebaja final será menor al 3% en su cartera, aunque todavía no se define qué partidas podrán ajustarse en medio de las exigencias del sistema sanitario y el desafío de las listas de espera.
Por su parte, el titular de Vivienda, Iván Poduje, señaló que gran parte de su presupuesto ya está comprometido por deudas de arrastre, por lo que se buscan fórmulas para acercarse al monto exigido, como recortes de honorarios, estudios, convenios y arriendos.
"Hay que trabajar los problemas", dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien señaló que "el ajuste parte con una solicitud de rebaja del 3% por parejo, donde se le deja a cada ministerio la potestad obviamente de ver dónde está la ineficiencia, dónde está el gasto superfluo, dónde están las medidas de austeridad".
"Y eso conduce en definitiva después a un decreto específico que va a ser dictado en los próximos días donde se especifica cómo eso ocurre en cada ministerio. Y a eso, recordemos que se agrega un ajuste adicional que lo estimamos preliminarmente en 1.000 millones de dólares, que es distinto para cada ministerio porque son distintas realidades", agregó.
Diputado FA: "Buscan provocar una crisis que tenemos que detener"
El diputado Jorge Brito (Frente Amplio), integrante de la Comisión de Hacienda, insistió que con este tipo de medidas "es evidente, a todas luces, que el ministro (Jorge) Quiroz está fabricando una crisis social en el país", y calificó como "injustificable" rebajar -por ejemplo- los recursos asignados al Minsal.
"El recorte presupuestario a Salud, Educación y servicios públicos, el aumento de sueldos de los asesores del Presidente a 10 millones de pesos y la barra libre que en La Moneda se ha vuelto costumbre, son medidas que no buscan más que provocar una crisis que tenemos que detener", remarcó el opositor.
En una línea similar, la senadora Beatriz Sánchez (FA) apuntó en contra del Plan de Reconstrucción y aseveró que "cuando lo anuncia, no hay ninguna mención al aumento del costo de la vida a propósito del aumento del costo de los combustibles. Entonces, que estemos discutiendo hoy día cómo se le baja el impuesto a los más ricos de Chile mientras la gente está teniendo que enfrentar un alza en el costo de la vida sin que haya ninguna otra medida paliativa, me parece un contrasentido gigante".
Desde el oficialismo, el senador UDI Javier Macaya, miembro de la misma comisión, defendió el ajuste: "La eficiencia del gasto público es una de las compensaciones más importantes. Esto no se trata de disminuir gasto social que vaya en beneficio de las personas, sino que ser capaces de disminuir la burocracia estatal y licencias médicas mal enfocadas".
