Tras la rápida recuperación de los 23 computadores sustraídos desde el Ministerio de Desarrollo Social, La Moneda atribuyó el robo a "delincuentes comunes" y arremetió contra los sectores políticos, principalmente de oposición, que han vinculado el robo con la investigación del caso convenios y atribuido responsabilidades al ministro de esa cartera, Giorgio Jackson (RD).
El ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve (PS), y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), ofrecieron una conferencia de prensa desde Palacio luego de que se confirmara el hallazgo de los notebooks y la detención de una persona, una mujer, por el delito de receptación.
Una vez se conoció esta jornada el hecho, la bancada de la UDI envió una carta al Presidente Gabriel Boric para expresar su "sospecha, estupor e, incluso, desconfianza" por el "insólito" robo, señalando que "resulta absolutamente inevitable relacionarlo" con el caso convenios; especulaciones a las que se sumaron voces de RN, Evópoli y Republicanos, exigiendo la salida de Jackson.
"La función pública requiere prudencia, responsabilidad y seriedad", afirmó Monsalve, enfatizando que "los delitos no pueden ser utilizados de manera irresponsable para adjudicar responsabilidades sin ningún fundamento, para proferir afirmaciones injuriosas o calumniosas, que tampoco tienen fundamentos".
Vallejo, a su turno, deploró que los hechos "fueron apresurada, inescrupulosa y maliciosamente utilizados por un sector de la oposición para imputarle un delito a un ministro de Estado", emplazando en ese sentido a la derecha a que "entienda" que en política y ante la opinión pública "hay que instalar argumentos que sean responsables".
"No puede ser que un sector de la oposición haya injuriado y calumniado a un ministro", insistió, ante lo cual: "Nuestro llamado como Gobierno es que un sector de la oposición deje de utilizar políticamente estos casos, y nos tomemos en serio y con responsabilidad lo que hemos presenciado".
En esta línea, aseguró que "no va haber contestación" a la carta emitida por la UDI, la que catalogó de "calumniosa, injuriosa e infame, y eso sí fue notificado por parte del Gobierno al presidente de la UDI".
La portavoz de La Moneda destacó que, de hecho, en este caso el ministro Jackson fue víctima personalmente de un delito, "que es la suplantación de identidad, algo grave", aparte del robo mismo.
Ambos secretarios aseguraron que los 23 computadores recuperados estaba íntegros, "no tuvieron ningún tipo de intervención", y que la información que contenían "ha estado siempre debidamente respaldada" en los servidores de Desarrollo Social.
Aparte de las sospechas de la oposición, también hubo una voz del oficialismo que se expresó fuertemente contra el titular de la cartera afectada: el senador socialista Fidel Espinoza habló de "una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor" y acusó derechamente a Jackson de ser "el líder de la banda".
Luego, añadió que "nadie cree esta burda mentira del robo de computadores. Jackson y sus amigos han traicionado al Presidente de una manera violenta, por lo tanto, su estadía en La Moneda ya no resiste un día más".
Pese al tono duro del Ejecutivo en contra de las especulaciones que desató el atraco, fue el propio ministro Jackson quien esta mañana, pocas horas después de conocido, consideró "sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza, que parecieran no ser sólo constitutivos del delito de robo, sino que también relativos a una señal política"; idea que fue respaldada después por Vallejo: "Esto no parece ser un robo común, es muy extraño".
Un cambio de postura que hizo notar el politólogo Mauricio Morales, quien recordó que "temprano el Gobierno decía que el robo fue un delito no común producto de la persecución política hacia Jackson", mientras que "ahora, ese delito no común lo cometieron delincuentes comunes, y ya no se habla de persecución política, sino que de uso político del robo por parte de la oposición".
En tanto, Monsalve informó en La Moneda que el Ejecutivo le solicitó formalmente al Consejo de Defensa del Estado que interponga una querella, para que sea parte de la causa y participe de la audiencia de control de detención de la hasta ahora única persona detenida.
