La remuneración más alta es la de la jefa del "segundo piso" del Palacio de La Moneda, Lucía Dammert, de 5,9 millones.
La definición va en línea con las reglas de "austeridad, probidad y transparencia" anunciadas por el Presidente Gabriel Boric.
El Presidente Gabriel Boric fijó un sueldo tope de seis millones de pesos para los asesores de las distintas reparticiones del sector público.
Los salarios, tanto de funcionarios honorarios, a contrata y a planta, fueron publicados vía transparencia activa y se evidenció una baja respecto a las remuneraciones que se pagaron durante la administración de Sebastián Piñera (2018-2022), según consignó La Tercera.
En detalle, uno de los sueldos más altos son el de la jefa de asesores del segundo piso, Lucía Dammert, con una remuneración bruta de $5.945.159; seguido por el jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, con $5.366.013 brutos a honorarios. Sin embargo, en comparación con el gobierno anterior, Cristián Larroulet tenía un sueldo de 7 millones de pesos, y Magdalena Díaz ganaba 6 millones de pesos, quienes ocupaban los cargos de Dammert y Meza-Lopehandía.
La jefa de prensa de Boric, Tatiana Klima, por su parte, aparece con una remuneración de $3.758.954, mientras que la persona que ocupaba ese cargo anteriormente, Carla Munizaga, se le pagaban 6 millones de pesos.
En tanto, la primera dama Irina Karamanos no figura con remuneración por el cargo que ejerce ni por las fundaciones a cargo de su gabinete.
Finalmente, está Fernando Carmona (PC) como analista de estudios ($4.000.000); el asesor en materia de migraciones, Miguel Yaksic ($2.666.667); el abogado cercano a la Concertación Javier Couso, por asesorías al Ministerio de Hacienda ($2.310.000), entre otros.
Antes de asumir, Boric difundió una minuta entre sus futuros colaboradores en las que estableció reglas de "austeridad, probidad y transparencia" para la contratación de personal a honorarios, explicando que se trataba de un "primer paso" dentro del compromiso para diseñar e implementar un sistema de remuneraciones al interior de la Administración del Estado que "permita disminuir las actuales brechas, estableciendo límites a las altas rentas".
