Sigue la molestia del Gobierno por la "interpretación judicial" de la absolución de dos personas que en mayo de 2018 fueron detenidas por portar armas en su vehículo, y ahora tanto el Ministerio del Interior, como parte querellante, y el Ministerio Público interpusieron ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso recursos de nulidad buscando dejar sin efecto la resolución y pidiendo que haya un nuevo juicio.
El tribunal de alzada deberá pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Antonio (TOP), que no admitió las pruebas presentadas en el juicio –las armas- por "adolecer de ilicitud", ya que, consideró, provenían de un "control de identidad viciado" por parte de Carabineros, en el que no hubo "ningún indicio" que autorizara su realización.
El arsenal descubierto a Manuel Olivares y Nilson Cerda en el control policial incluía dos revólveres y una pistola, 126 cartuchos de diverso calibre, un kit que convierte armas pequeñas en armas pesadas y más de cuatro millones de pesos en efectivo.
Una vez conocida la absolución, el ministro Andrés Chadwick había manifestado su "discrepancia" con la resolución, pero también aseguró que como Gobierno "la respetamos obviamente"; no obstante, en su cartera decidieron recurrir de nulidad.
"Errónea interpretación" y "vicios" del TOP
De acuerdo con El Mercurio, el Ministerio del Interior alega en su recurso que el tribunal de San Antonio "no se encuentra facultado para actuar como un revisor de los procedimientos que se llevan a cabo durante la etapa investigativa, mucho menos cuando dicha revisión se encuentra establecida para el juez de garantía, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, a través del conocimiento del recurso de nulidad".
En ese sentido, siguiendo la línea de las críticas del Gobierno, el texto plantea que hubo una "errónea interpretación del derecho", además de defender la actuación de las policías en el control de identidad y cuestiona el entendimiento que da el tribunal al concepto de "indicio".
En tanto, en el suyo la Fiscalía apunta que "existieron vicios en la valoración de la prueba", considerando que la misma Corte de Valparaíso había ordenado en abril admitir la prueba en el juicio oral, en un fallo que aseguraba que el actuar policial cumplió con las exigencias del Código Procesal Penal y anulaba la decisión del juez de Garantía (s) Roberto Gahona de excluir la prueba. Aquello, en opinión del Ejecutivo, es "cosa juzgada".
En el inicio del caso, otro juez de Garantía, Juan Pablo Flores, había declarado ilegal la detención de mayo de 2018, y la Corte rechazó incluso una queja al respecto al estimar que la sentencia no ponía fin al juicio, ya que luego igualmente fueron formalizados por los delitos de porte ilegal de arma de fuego, porte de arma de fuego prohibida, porte de municiones y receptación -cargos de los que finalmente fueron absueltos-.
