El martes se publicó en el Diario Oficial el decreto que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, una iniciativa del Gobierno de Gabriel Boric que ha provocado una serie de críticas en la oposición, que la considera "restrictiva" y que tuvo escaso diálogo para su implementación.
Según informó el Ejecutivo, el organismo será un espacio liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y "representado por académicos e investigadoras de universidades privadas y estatales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones de fact-checking, relacionados a la materia de desinformación".
En la instancia, los integrantes -que serán presentados en julio- se encargarán de analizar y evaluar "este fenómeno global en plataformas digitales, su manifestación a nivel local en Chile y su impacto en los procesos democráticos".
"GRAVÍSIMO"
La medida del Gobierno fue cuestionada por la senadora Ximena Rincón (Demócratas), quien advirtió que es algo "gravísimo", dado que "cuando se trata de regular derechos fundamentales de libertad de prensa la libertad de expresión, deben ser discutidos por el órgano que representa la democracia, que es el Congreso".
"Seleccionar un grupo de personas al gusto del gobierno de turno, para decidir cómo ejercer esas libertades, es abiertamente restrictivo", afirmó la parlamentaria, quien señaló también que "la regulación de las libertades y derechos civiles y políticos fundamentales, son materia de ley".
"Para avanzar, hace varios meses presentamos un proyecto de ley sobre difusión de contenidos falsos, esperamos que el gobierno haga lo suyo, y envíe donde corresponde sus propuestas para ser discutidas", profundizó Rincón en su cuenta de Twitter.
"LEY MORDAZA"
En un tono más crítico, la diputada Camila Flores (Renovación Nacional) aseguró que "es sumamente preocupante que el Gobierno busque mecanismos institucionales para tratar de decir cuál es la verdad, cuál es la mentira, cuál es la información correcta y cuál es la desinformación".
"Lamentablemente está cayendo en el juego del Partido Comunista que está perseverando también en el Congreso, imponiendo la Ley Mordaza, y esto francamente es muy propio de las dictaduras", advirtió Flores, solicitando también que el Ejecutivo "eche pie atrás en esta situación, porque es sumamente grave, incluso, es absolutamente inconstitucional".
"Nuestra normativa protege sobre todas las cosas, la libertad de expresión, de conciencia, de informar y lo que está buscando el PC y los partidos del Frente Amplio es coartar esos elementos que son tan propios de la esencia del ser humano", cerró la militante RN.
DESDE EVÓPOLI Y LA UDI ADVIERTEN CON IR AL TC
"Le quiero señalar al Gobierno que esto atenta gravemente contra un derecho fundamental, que es la libertad de expresión, y, por cierto, atenta también contra la prensa libre. Llegaremos a todas las instancias necesarias, incluido el Tribunal Constitucional (TC), precisamente para salvaguardar y proteger aquellos derechos básicos de una democracia", afirmó el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
El legislador sostuvo que el Presidente Gabriel Boric "debe entender que un órgano de control sobre medios es una vulneración grave a prensa libre. Aclarar porque se actúa vía decreto y sin deliberación política se pública en Diario Oficial. No claudicaremos en defensa del derecho a libertad de expresión en Chile".
En tal sentido, el parlamentario también anunció que pedirá citar a la Comisión de Constitución a la ministra Vallejo, autoridades y gremios para "conocer explicación de abrupta creación de comisión de gobierno que determinaría que es o no verdadero, composición, financiamiento, ámbito acción y garantía derechos fundamentales a la expresión".
"Creación de comisión "contra la desinformación" abre preguntas respecto de discrecionalidad de su acción", concluyó.
Desde la UDI, en tanto, también están evaluando una presentación ante el Tribunal Constitucional (TC) por "atentar contra la libertad de expresión".
"No deja de llamar la atención que el mismo Gobierno que propone esta suerte de ley mordaza tenga como embajadora en México a una persona que inventó que el Metro Baquedano era un centro de tortura, sin ni siquiera retractarse cuando fue descartado", apuntó la diputada gremialista Natalia Romero.
"Lamentablemente, este Gobierno, que insiste con copiar ideas fracasadas de la extrema izquierda, sigue obsesionado con limitar las libertades y derechos de las personas, ignorando que la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia", añadió la legisladora UDI.
"Es bastante evidente que esta comisión va a carecer de pluralismo, y por lo mismo como bancada UDI estamos estudiando todos los antecedentes para evaluar una presentación ante el Tribunal Constitucional, tal como lo hemos hecho con otros proyectos que atentan contra la libertad de expresión", concluyó.
En tanto, su par Mauricio Ojeda (independiente- Partido Republicano) dijo que este tipo de medidas es "lo más parecido a un gobierno totalitario y dictador", además de afirmar que "la libertad de expresión es un bien que no se tranza en democracia".
LA VISIÓN DEL OFICIALISMO
Desde el oficialismo, el senador socialista Juan Luis Castro dijo estar de acuerdo con que "tengamos una institucionalidad de este tipo en la medida que esté abocada exclusivamente a aquellas veracidades científicas, educacionales, de las ciencias y de aquellas materias que no sean la opinión sobre la marcha pública de un país".
Mientras, el diputado Andrés Giordano (independiente-Apruebo Dignidad) aseveró que "este es un debate fundamental para la democracia, porque se trata de lograr que la información que llega a las personas sea verídica, porque todos y todas sabemos que impacta, finalmente, en sus decisiones".
En tal sentido, calificó como "una buena noticia que exista una comisión plural y técnica que promueva el respaldo de este derecho".
