Con estas medidas se busca combatir y condenar con firmeza los llamados delitos "de cuello y corbata".
Dentro de la batería de iniciativas, se lanzó un proyecto que sanciona el uso de información privilegiada.
El Presidente Sebastián Piñera presentó la mañana de este viernes, en el Palacio de La Moneda, los proyectos de ley que formarán parte de la denominada "Agenda antiabusos por un trato justo y digno para todos", con la que se busca combatir y condenar con firmeza los llamados delitos "de cuello y corbata".
"Estas medidas están inspiradas en algo tan fundamental como avanzar con decisión y urgencia hacia un trato más justo y más digno para todos los chilenos y combatir con mayor eficacia todo tipo de abusos y de privilegios para hacer realidad aquello que establece nuestra Constitución, que todos nacemos iguales en dignidad y derechos", apuntó.
El Jefe de Estado detalló que "no solamente debemos nacer iguales en dignidad y derechos, estos proyectos también apuntan a que podamos vivir nuestras vidas con iguales derechos y con igual dignidad".
Dentro de las iniciativas que formarán parte de esta batería de proyectos se encuentra el proyecto anticolusión, el fortalecimiento de la Fiscalía Nacional Económica, el aumento de las penas para aquellos que se coludan y conformen carteles y el que levanta el secreto y la reserva bancaria.
Además se lanzó un proyecto que sanciona el uso de información privilegiada, la creación del denunciante anónimo y el aumento de la prescripción de los delitos electorales.
Críticas desde el Ministerio Público
En la ceremonia estuvo presente el fiscal nacional, Jorge Abbott, quien cuestionó que no se mencionara la posibilidad de que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal en casos de colusión.
Al respecto, Abbott criticó que "sí echamos de menos lo que hemos planteado desde que yo me hice cargo de la Fiscalía Nacional, que es que el Ministerio Público tenga la posibilidad de ejercer la acción penal en el caso y en los temas relativos a colusión y en los temas relativos a delitos de carácter tributario, también aduaneros, donde el ejercicio de la acción penal sigue en manos de órganos dependientes de la Administración".
Otro que se sumó a las críticas fue el ex fiscal Carlos Gajardo, quien calificó el anuncio como decepcionante y comentó que lo que se ha anunciado no contiene "acción penal pública para delito de colusión, tributarios y electorales, aumentos relevantes de sanciones de cárcel ni multas para delitos de corrupción y no modifica responsabilidad penal de empresas".
La agenda #AntiAbusos que se ha anunciado NO contiene:
— Carlos Gajardo Pinto (@cgajardop) March 13, 2020
-Acción penal pública para delito de colusión, tributarios y electorales.
-No hay aumentos relevantes de sanciones de cárcel ni multas para delitos de corrupción.
-No modifica resp. penal de empresas.
Decepcionante.
Así no.
El ministro de Economía, Lucas Palacios, recalcó que "nosotros hemos creado hace muchos años, hace décadas, la Fiscalía Nacional Económica, cuyo objetivo, y nosotros aquí hemos seguido lineamientos internacionales, es perseguir los delitos que son muy complejos, que son los delitos de colusión".
"La verdad es que lo que estamos haciendo es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica para que tenga más dientes, para que pueda perseguir de forma más eficiente y efectiva ese tipo de delitos, que atenta contra la competencia", dijo.
Posturas divididas en el Congreso
El diputado Sebastián Torrealba (RN) comentó que "es bueno que esta agenda antiabusos tenga las penas efectivas de cárcel. Vamos a tratar evidentemente en el trámite de estos proyectos de ley, de mejorarlos, pero también queremos pedir que esto tenga discusión inmediata".
Ricardo Celis (PPD) aseveró que "un tema central que no resuelve lo que ahí señalado es si finalmente se van a poder hacer las denuncias directamente a la Fiscalía de los delitos tributarios".
"En tanto no se le dé poder al Ministerio Público en estas materias, claramente que esta cuestión parece un maquillaje para salir del paso", dijo.
Por su parte, la diputada Marcela Hernando (PR) aseveró que espera que "no solamente Impuestos Internos pueda querellarse en relación a esto y que exista el delito de acción penal pública".
