El Ministerio de Justicia propondrá ante la comisión mixta, que discutirá la modernización del Código Penal, que personas condenadas por cohecho y soborno no puedan desempeñarse en empresas que mantengan contratos directos con el Estado.
La propuesta, presentada por el ministro de Justicia Hernán Larraín, buscará que se inhabilite a condenados por cohecho y soborno para desempeñarse en empresas que mantengan contratos comerciales con entidades del gobierno, según informó El Mercurio.
La indicación propone que los condenados, además de ser inhabilitados de forma absoluta, temporal o perpetua para ejercer cargos públicos, tampoco podrán participar como proveedores de bienes o servicios de utilidad pública.
"Se busca prohibir que el privado tenga la oportunidad de participar con el Estado, de manera que quien soborne quede con las manos amarradas en su relación comercial con el Estado", indicó el secretario de Estado.
Se buscará que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas cuente con un listado de las personas, además se espera que las empresas que cuenten en su personal con condenados deben ser sacados de sus puestos para mantener los contratos.