La medida se debe a la posibilidad de eliminar antecedentes de investigaciones que se llevan adelante en varios ministerios.
La Fiscalía frenó el decreto firmado por el Presidente Piñera.
El Ministerio Público envió un oficio a la Subsecretaría del Interior para frenar el Decreto Supremo firmado por el Presidente Sebastián Piñera que permite a los funcionarios públicos borrar los correos electrónicos enviados durante su gestión.
La decisión de la Fiscalía se debió a la posibilidad de que la eliminación de correos pueda afectar las investigaciones penales en curso en algunos ministerios, como Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Vivienda y Urbanismo.
"El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, fue remitido a los ministerios de Educación, Salud, Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Minería y al Instituto Nacional de Estadísticas (INE)", , indicó la Fiscalía Centro Norte a través de un comunicado.
El escrito señala que en estas reparticiones "esta Fiscalía se encuentra investigando causas penales, entre las que, incluso, están algunas iniciadas por denuncias que presentó directamente el Ejecutivo".
"El motivo del oficio que solicita no eliminar correos electrónicos es para efectos de mantener información que eventualmente pueda ser útil respecto de los casos específicos que actualmente son materia de investigación por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad", afirmó .
El comunicado destaca además que "en el transcurso de los próximos días, la Fiscalía Centro Norte reiterará este oficio a las nuevas autoridades del país".
Norma no implica facultad
El Decreto Supremo firmado por el mandatario y publicado el 27 de febrero en el Diario Oficial modifica el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha firma, facultando a los funcionarios públicos a borrar los correos acumulados en el ejercicio de sus labores.
Sin embargo, el presidente del Consejo Para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, negó que el Decreto Supremo 14 del Ministerio de Economía faculte a los funcionarios públicos para borrar correos electrónicos escritos o recibidos en el ejercicio de sus labores.
"La norma no implica darle la facultad a los funcionarios para borrar sus correos electrónicos. Si ellos la llegan a entender así podrán eventualmente, incluso, ser objeto de sanciones administrativas", dijo el funcionario en Cooperativa.
