La ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, expresó su "absoluto rechazo" a los últimos dichos de Héctor Llaitul, no obstante que insistió que la decisión del Gobierno sigue siendo no querellarse por las palabras del cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco.
El lunes, en entrevista con el medio Werken Noticias, planteando que su objetivo nunca ha sido dañar personas -"nosotros respetamos a los trabajadores, respetamos la vida de los trabajadores"-, sino que atacar al "gran capital", enfatizó que "la prioridad de la CAM es canalizar la violencia hacia el sabotaje".
"Como Gobierno rechazamos absolutamente aquellos dichos que intenten llamar a la violencia, o que, nuevamente -porque ha sido reiterado en el tiempo-, intenten provocar no solo a nuestro Gobierno, sino también a los pasados, en el contexto de lo que vivimos en el sur", deploró Siches tras ser consultada al respecto en un punto de prensa con Carabineros.
Analizó que "también entendemos que acá hay una estrategia de posicionamiento, y es necesario que los poderes establecidos podamos visualizar eso y entender que en los liderazgos en La Araucanía, quienes están detrás del crimen organizado no son solo un solo interlocutor (el único), sino que hay muchos más".
En ese marco es que, remarcó la jefa de gabinete, "tenemos que actuar coordinadamente con las policías, el Ministerio Público y las distintas entidades para enfrentar policial y políticamente lo que se vive en el sur".
Pese a ello, reafirmó que La Moneda no se querellará contra Llaitul por estas palabras, misma decisión que adoptó en mayo cuando el líder de la CÁM había llamado a "organizar la resistencia armada" contra la acción del Estado chileno, frente a lo cual el Ejecutivo argumentó que perseguirá "delitos, no ideas ni declaraciones".
"Esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, de 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad (Interior) del Estado por dichos de similares características, pueda cursar una investigación", dijo Siches.
Ayer el fiscal nacional, Jorge Abbott, explicó que para que aquel órgano persecutor pueda "investigar al amparo de la Ley de Seguridad del Estado, se requiere una querella por parte del Gobierno".
