Jaime Concha, denunciante del caso maristas, difundió este viernes una carta que le envió la congregación como respuesta a la solicitud de expulsión de los religiosos acusados de abuso sexual contra menores de edad.
La misiva, firmada por el hermano marista Saturnino Alonso, provincial de la orden, y dirigida a Concha y otros "sobrevivientes de abuso", asegura que el proceso abierto tras las denuncias y posterior investigación realizada por el sacerdote David Albornoz "ha sido muy impactante y doloroso".
"Respecto a los religiosos acusados, en algunos casos, el Consejo (Provincial) ha acordado iniciar los correspondientes procesos de expulsión", pero en otros "han surgido dudas e interrogantes, motivo por el cual hemos solicitado algunas asesorías especializadas", explica Alonso.
"En busca de un diagnóstico"
En tanto, "respecto al planteamiento que hacen acerca de una cultura de encubrimiento en nuestra institución, con sinceridad les señalamos que no tenemos evidencias de que una situación así haya existido", afirma el superior.
Sin perjuicio de lo anterior, "hemos puesto en manos de la justicia civil toda la documentación, sin filtros ni restricciones, que pudiese ayudar a esta entidad a determinar si en nuestra institución se han dado hechos constitutivos del delito señalado".
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"De igual forma, estamos haciendo grandes esfuerzos por revisar y analizar la historia institucional, en busca de un diagnóstico que nos permita aproximarnos a entender los factores culturales o institucionales que facilitaron la ocurrencia de estos lamentables hechos, para prevenir y continuar tomando medidas que nos aseguren que situaciones así no volverán a suceder", remata Saturnino Alonso.
Para Jaime Concha, estas expresiones confirman la "total impunidad" que los maristas quieren instaurar frente a lo ocurrido.
Sobreseimiento temporal para marista en estado vegetal
En esta jornada también se realizó una audiencia para discutir el sobreseimiento del marista Luis Humberto Cornejo, quien se encuentra en estado vegetal. La fiscalía se opuso a esta petición, y se acordó una interrupción temporal del proceso.
El abogado del religioso, Felipe Moraga, presentó un informe del Servicio Médico Legal "que da cuenta de las diversas lesiones que tiene a nivel cerebral y físico. En ese sentido, a nuestro juicio, no era posible dirigir una persecución penal respecto a él".
Por su parte, el fiscal Metropolitano Sur, Raúl Guzmán, explicó que lo que buscaba la defensa era que "se entendiera que el imputado se encuentra en situación de locura o demencia. La verdad es que eso no es así".
"Aun es necesario establecer ciertos hechos de algunas víctimas", remarcó el persecutor.
