Jorge Abbott activó, a través de la Cancillería, tres solicitudes de Requerimiento de Asistencia Internacional en Materia Penal contra nueve personas.
El fiscal nacional activó el mecanismo diplomático para acceder a los antecedentes de los casos de abusos.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, firmó este miércoles un oficio dirigido al Vaticano solicitando expedientes canónicos que involucran a imputados investigados por el Ministerio Público en casos de delitos sexuales cometidos por clérigos y laicos, relacionados con la Iglesia Católica.
La solicitud aúna tres Requerimientos de Asistencia Internacional en Materia Penal respecto de nueve personas investigadas por las Fiscalías Regionales de Valparaíso, Metropolitana Sur y de La Araucanía.
El oficio, con carácter de reservado, fue remitido durante este miércoles por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a fin de que la Cancillería active el mecanismo de remisión a través de la vía diplomática al Vaticano.
Cifras actualizadas del catastro que divulgó la semana pasada el Ministerio Público, sobre delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes y adultos cometidos por clérigos y laicos relacionados con la Iglesia Católica, elevaron a 38 los casos vigentes, los que involucran a 73 personas investigadas y a 104 víctimas, la mayoría de ellas menores de edad al momento de cometerse los hechos.
Tras el envío de estos tres primeros requerimientos de información, la Fiscalía no descarta presentar nuevas solicitudes al Vaticano.
Fiscalía confirma solicitud del informe Scicluna
El director de cooperación internacional del Ministerio Público, Antonio Segovia, confirmó que, entre otras cosas, se pidió el informe Scicluna de forma íntegra.
"Sí, se pidió el informe Scicluna, se pidió íntegramente. En la medida que la necesidad de las distintas investigaciones, recordemos que hay investigaciones vigentes en todo el país, el fiscal nacional ha reiterado la necesidad de que se investiguen todos los hechos para poder esclarecer la verdad sin perjuicio de las soluciones procesales, de las alternativas judiciales que hay en estos casos", dijo Segovia.
"No hay ningún plazo establecido, pero en el mecanismo de cooperación internacional siempre existen los canales de comunicación para proveer respuestas lo más rápidas posibles", añadió.
Conferencia Episcopal responde por caso de sacerdote de Chillán
En tanto, en la asamblea de obispos que se realiza en Punta de Tralca, salió a la palestra el caso del sacerdote de Chillán Renato Toro, suspendido de sus funciones por una denuncia de abuso a menores ocurrida en los años 80.
Lo llamativo de su caso es que él ya había tenido una sanción por lo mismo entre 2012 y 2015.
El vocero de la Conferencia Episcopal, Jaime Coiro, fue consultado sobre la razón por la cual el religioso volvió a oficiar misas luego de una sanción como la que recibió.
"Hay penas que se aplican y terminan de aplicarse. Una vez que se aplicó la pena y se cumplió algunas establecen medidas para prevenir eventuales nuevos abusos, (pero) depende también del delito", dijo Coiro.
"Cuando la pena está cumplida pasa en el derecho canónico lo mismo que pasa en la justicia civil, la pena se cumple y por lo tanto el reo está en libertad o está en un determinado modo de libertad que pueda asegurar que no esté cerca de jóvenes o que tenga fijación de residencia", añadió.
El vocero de la Conferencia Episcopal dijo además desconocer "exactamente el caso de este sacerdote porque la información pública de él la hemos conocido solamente en el último año".
Obispo de Chillán entregará información de casos a Fiscalía
En tanto, consultado sobre si las sanciones debieran ser permanentes, el obispo de Chillán, Carlos Pellegrín, dijo que la Iglesia Católica está aprendiendo y aseguró que él entregará toda la información de investigaciones previas al Ministerio Público.
"La Iglesia ha vivido un proceso muy doloroso, porque hemos tenido que aprender a que hay situaciones en las cuales deberíamos haber sido más seriamente decididos en imponer sanciones y creo que en eso estamos todos los obispos de acuerdo", comentó.
"Los informes que tengo de las investigaciones previas recientes, incluyendo las del sacerdote Toro, las voy a poner a disposición de la Fiscalía en Chillán, porque ahí tiene que haber una colaboración, la Iglesia aprende con el tiempo", añadió el religioso.
