El Arzobispado de Santiago confirmó una indagatoria sobre Jorge Laplagne.
Ante esto dejó sus labores en dos iglesias y en un colegio marista.
El sacerdote Jorge Laplagne, a cargo de las parroquias San Crescente de Providencia y Nuestra Señora de Luján de Ñuñoa, quien además prestaba servicios en el Instituto Alonso de Ercilla, de los Hermanos Maristas, está siendo investigado por una denuncia de abuso sexual.
El Arzobispado de Santiago confirmó que Laplagne fue denunciado a fines de junio por una persona que declaró haber sufrido abuso sexual de su parte hace 13 años, cuando era menor de edad.
Según informó el Arzobispado en un comunicado, el 2010 se abrió una investigación en su contra, pero no se pudo establecer la verosimilitud de los hechos.
Gonzalo Dezerega, uno de los denunciantes del caso maristas, cuenta que en febrero, tras recibir información de apoderados, le dijo "personalmente a gente de la directiva de los maristas que corría peligro el colegio teniendo a esta persona ahí presente".
"Después se lo manifesté a Patricio Pino, quien está a cargo de los maristas en Chile: este personaje no puede estar en el colegio, nos han llegado rumores de que tiene ciertas acusaciones, e incluso que habría llevado a su carpa a algunos niños del colegio durante el año 2016, 2017, pero no nos hicieron caso", señala Dezerega.
Desde la congregación declararon que el sacerdote se encuentra suspendido desde ayer de sus labores en el Instituto Alonso de Ercilla, y aclararon que la denuncia investigada no corresponde al establecimiento.
Mientras que en las iglesias Nuestra Señora de Luján y San Crescente permaneció hasta el pasado jueves.
La Iglesia frente a la Justicia
La situación se da en medio de la formalización del ex canciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz, acusado de abuso sexual y estupro.
Ante esto el obispo auxiliar de Santiago, Cristián Roncagliolo, señaló que en la Iglesia no están obligados a usar la justicia regular, cosa que el portavoz de la Fundación Voces Católicas, Alejandro Álvarez, desmintió.
"La Iglesia no tiene obligación de comunicar a la justicia civil sus procesos canónicos (...) sí tiene la obligacion de ocupar todos los medios jurídicos que están a su alcance en la sociedad en la que esta inserta, para casos que afecte a niños", señaló.
