Los obispos de la Iglesia Católica lamentaron que la Cámara Baja aprobara este martes la idea de legislar sobre la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, por cuanto su eventual promulgación pone "valores esenciales" en juego.
En un comunicado de la Conferencia Episcopal, indican que "el valor de la vida y la dignidad de la persona humana son un fundamento esencial e irrenunciable de la vida en la sociedad", y citando al papa Francisco, arguyen que "la defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano".
"El primero de los derechos humanos es el derecho a la vida, que ha de ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Por eso, no matar deliberada y directamente al inocente es un absoluto moral cuyo reconocimiento y protección resulta indispensable para la vida en comunidad", arguyen.
A su vez, plantean que si bien durante la gestación el feto es "cobijado y dependiente de la madre, no es sin embargo parte del cuerpo de ella, sino otro ser, por lo que su individualidad debe ser respetada", y en ese sentido, el mencionado respeto a la vida humana "debe guiar cualquier consideración ética, legislativa, humana y sanitaria ante la realidad de un embarazo no deseado".
"Está claro que hay situaciones humanas complejas, y a veces dramáticas, que pueden surgir de un embarazo. Pero nada de ello se soluciona con la eliminación deliberada de un ser humano indefenso e inocente", afirman los obispos.
Por otra parte, advierten que "la experiencia nos dice" que iniciativas como esta van en la línea de establecer "un 'derecho al aborto' y la primacía de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ignorándose del todo la existencia y los derechos de otro ser humano", y fustigan que esto "crea una mentalidad contraria a la vida de la persona engendrada, como si el niño fuera una cosa o un enemigo, y no un ser humano, maravilloso don de Dios".
Ante lo que depara el resto de su tramitación, pues volvió con indicaciones a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, los obispos señalan que "oramos al Señor para que ilumine la conciencia y los corazones de quienes deben tomar decisiones en favor del bien común, para que defiendan siempre a los más vulnerables".
EXPECTACIÓN POR DEBATE EN PARTICULAR
La diputada impulsora de la iniciativa Camila Rojas (Comunes) dijo esperar que "el proyecto se ponga en tabla prontamente; votarlo en particular y luego en Sala para que se vaya al Senado nos parece que es el paso que hay que dar", puesto que "lo presentamos en 2018, ya han pasado tres años para llegar hasta acá, por lo tanto, nuestro trabajo está enfocado en que no se siga dilatando".
Por su parte, la radical Marcela Hernando cuestionó que "hasta ahora, lo que se aprobó significa que no van a perseguir a las mujeres, pero no significa aborto libre, ni que en los hospitales se puede practicar aborto libre antes de las 14 semanas", ya que la propuesta no garantiza el acceso a la interrupción del embarazo, sino que solo la excluye del Código Penal.
Desde la derecha, que le hizo reserva de constitucionalidad, la diputada RN Aracely Leuquén comunicó que votará para rechazar la propuesa: "Mi postura es absolutamente en contra, sin ningún tipo de matiz. Ya se ha legislado respecto a las tres causales, que son muchas de ellas entendibles, pero no al aborto libre. Esa será mi posición dentro de la Comisión de Mujeres".
Pese a lo dicho por la legisladora, este proyecto no legaliza ni permite o da acceso al aborto libre, sino que solo modifica el Código Penal para que no se persiga penalmente el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
A la espera del debate en comisión, la matrona Pamela Eguiguren manifestó a Cooperativa que este proyecto "sincera la realidad que en Chile hemos seguido negando, porque aún cuando tenemos ley en tres causales, sabemos que no basta para las legítimas razones por las cuales las mujeres recurren a un aborto y siguen haciéndolo".
Sobre el tiempo de gestación que se propone, la académica de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile observó que "finalmente, esos plazos son acuerdos sociales; si se miran las regulaciones a nivel mundial, hay países que tienen incluso sobre las 20 semanas o las 18 semanas. Tiene que ver más con la realidad de las mujeres".
