La Defensoría de la Niñez anunció este miércoles, en El Diario de Cooperativa, que se encuentra recopilando y evaluando antecedentes para interponer una denuncia formal contra el Estado de Chile tras revelarse graves falencias en el control y trazabilidad del ingreso al país de más de 200 menores de edad de nacionalidad haitiana, una situación que quedó al descubierto a través de un preinforme de la Contraloría General de la República que expuso debilidades críticas en las fronteras.
El defensor Anuar Quesille manifestó la profunda molestia del organismo ante la nula respuesta y desatención generalizada que sufrieron los múltiples oficios preventivos enviados por la institución a ministerios, policías y servicios gubernamentales desde hace tres años por "una serie de problemáticas que afectaban los procedimientos de movilidad humana de niños, niñas y adolescentes".
"Yo diría que en general tuvimos un porcentaje de respuesta bastante bajo. No obtuvimos respuestas formales o bien se manifestaron voluntades institucionales para avanzar en la elaboración de protocolos, en mecanismos de coordinación, en medidas de protección, pero, más allá de eso, vimos que, salvo la constitución de una mesa por parte de la Subsecretaría de la Niñez, no se generó una medida concreta que además nos permitiera contar con antecedentes serios que nos pudieran dar la competencia para actuar", fustigó.
Las alertas ignoradas
El líder del organismo detalló que las advertencias públicas y transparentes —disponibles en la web de la institución— se despacharon de manera transversal a todo el espectro estatal.
"Hubo oficios manifestando esta situación a la Subsecretaría de la Niñez, al Servicio Nacional de Protección Especializada Mejor Niñez, al Servicio Nacional de Migraciones, al director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuevamente también al Servicio Nacional de Migraciones a propósito de la implementación del registro biométrico para identificar niños en contexto de movilidad, a la Policía de Investigaciones de Chile y además también a otras autoridades, por ejemplo, en el Congreso", indicó Quesille.
De acuerdo con el defensor, la gravedad de las vulneraciones asociadas a la movilidad humana e infancia no solo se limitaron al ingreso de niños mediante vuelos chárter, sino que arrastraron realidades dramáticas en el extranjero, como "niños chilenos que estaban saliendo de Chile, hijos de padres haitianos pero con nacionalidad chilena, y que con el objetivo de poder llegar a Estados Unidos morían en el Tapón del Darién, en Panamá, en la frontera de Panamá con Colombia".
El vacío de información y las trabas legales
Al ser cuestionado sobre por qué el organismo no acudió antes al Ministerio Público, Quesille aclaró que la falta de respuestas formales les impidió contar oportunamente con elementos constitutivos de delito, recordando además que la Defensoría no posee facultades investigativas ni la competencia jurídica para querellarse en ciertos marcos criminales.
"No tuvimos mecanismos que permitieran precisamente generar la certeza de que existiera coordinación intersectorial ni tampoco noticias de la eventual comisión de un delito que nos permitiera interponer las denuncias correspondientes", argumentó, añadiendo que "para poder interponer una denuncia uno lo que necesita no es una duda razonable, sino antecedentes concretos que permitieran identificar la comisión de un delito".
A esto se suma un impedimento legal clave: "La Defensoría de la Niñez ni siquiera se puede querellar por el delito de trata; no tenemos la competencia. Tenemos la prohibición legal de hacerlo".
Una denuncia tardía por omisión del sistema
Con el informe de Contraloría en la mano, el panorama judicial cambia. Quesille explicó que se ampararán en el derecho internacional para buscar responsabilidades, aunque lamentó el desinterés generalizado que imperó durante años.
"Hay una serie de instrumentos internacionales que no solamente consagran derechos de niños y niñas en contextos de movilidad, sino que además reconocen procesos que están validados por el derecho internacional, entre ellos la reunificación familiar. Por eso mismo es que nosotros, desde la Defensoría de la Niñez, lo que sí estamos haciendo ahora, que ya conocemos la eventual comisión de delitos, es evaluando todas las acciones, entre otras cosas para poder interponer una denuncia contra el Estado de Chile", anunció.
El defensor concluyó con una dura crítica al oportunismo del debate político actual: "Eso sí lo podemos hacer como Defensoría ahora que tenemos los antecedentes, pero lamentablemente —y este es el punto que quiero hacer— tenemos los antecedentes después de dos o tres años, y a nadie le importó cuando nosotros estuvimos levantando antecedentes, levantando alertas, poniendo en conocimiento situaciones donde las cosas creíamos que se estaban haciendo mal".
"Nuestro rol es poner en conocimiento a la autoridad, pero la verdad de las cosas es que nuestra recepción no tuvo mayor importancia y parece que ahora importa al mundo político lo que la Defensoría indica cuando ya esto explota y se da cuenta de que efectivamente estamos frente a la comisión de un delito", enfatizó.
