La Defensoría de la Niñez denunció que un conjunto de organismos públicos ignoró una invitación que les fue extendida "con el fin de generar y coordinar acciones para asegurar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuando se encuentran en contextos de desalojos de tomas y campamentos".
En un comunicado, el organismo explicó que convocó una "mesa de trabajo interinstitucional" para agrupar a las autoridades de los organismos públicos que tienen responsabilidades frente a estas situaciones, y también a privados que han trabajado la problemática, "teniendo en consideración que en los últimos meses, y dada la legislación vigente en el país, las cifras de familias desalojadas han ido en aumento".
La primera sesión de dicha mesa ya se realizó, pero "sólo asistieron los representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Fundación Techo-Chile, pese a que también fueron convocadas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de la Niñez, la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Asociación de Chilena de Municipalidades y Carabineros de Chile, entre otras", se quejó la Defensoría.
"Es lamentable que las altas autoridades convocadas no hayan atendido al llamado que hicimos desde la Defensoría de la Niñez. Es urgente que los organismos públicos estemos coordinados para entregar protección efectiva a esos niños, niñas y adolescentes", dijo el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
"Esperamos que, en una próxima instancia, las autoridades que se ausentaron de esta primera reunión puedan unirse, ya que ésta es una problemática urgente y en aumento (...) No sólo nos inquieta el notable aumento de casos de desalojo a familias en campamentos (...) que no se estarían ajustando a los principios establecidos por distintos tratados internacionales ratificados por Chile. Además, nos preocupa que temas tan complejos, en que los derechos de niños, niñas y adolescentes quedan en una situación muy vulnerable, no sean tratados como prioridad", remarcó.
"DEBEN TENER ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS"
La Defensoría añadió que, en la primera sesión, las instituciones participantes delinearon la forma de trabajo y acordaron elaborar en un "protocolo de desalojo orientado a la niñez y adolescencia".
"En caso de ser inevitables, los desalojos deben cumplir una serie de requisitos en resguardo del derecho a la libertad personal y la seguridad individual. Esto significa que en todo momento deben tener un enfoque de derechos humanos", señaló la directora del INDH, Consuelo Contreras.
Dichos operativos deben "respetar los principios de proporcionalidad y necesidad en el caso de que se requiera el uso de la fuerza, y garantizar que nadie sea víctima de ataques indiscriminados, especialmente las personas de grupos de especial protección", añadió, abogando por que "muchas más autoridades participen de esta instancia, porque es esencial adelantarse a las eventuales vulneraciones que se podrían generar".
"Lo que ha ocurrido en los últimos desalojos es inaceptable y no se puede repetir: lejos de solucionar el problema, los desalojos sin soluciones de vivienda viables y procesos adecuados exponen a las familias a vulneración de sus derechos y a situaciones de calle, hacinamiento, albergues o a llegar a otro campamento", opinó, en la misma línea, Pablo Undurraga, subdirector social TECHO–Chile.
