La acción legal presentada el año pasado imputaba originalmente un cuasidelito de homicidio.
"La reconstitución de escena fue clave para adquirir consciencia de la envergadura de los malos tratos", comentó la Fundación Para la Confianza.
Lissette murió el 11 de abril de 2016, desencadenando lo que desde entonces se conoce como el "caso Sename".
El Consejo de Defensa del Estado amplió su querella por la muerte de Lissette Villa y recalificó a "apremios ilegítimos" lo que originalmente estimaba un cuasidelito de homicidio, alineándose con la posición de la Fiscalía y el resto de los querellantes del caso Sename.
La acción legal, a la que accedió Cooperativa, va dirigida contra 10 ex funcionarios del Servicio Nacional de Menores y también "contra quienes resulten responsables".
En el libelo se señala que los imputados aplicaron "tratos crueles, inhumanos y degradantes" a distintos menores -de entre siete y 11 años- del Cread Galvarino de Estación Central, transformándose dichos comportamientos en "prácticas abusivas y reiteradas".
Dentro de éstas -indica- se enmarcan los apremios que recibió Lissette y que provocaron su muerte el 11 de abril del año 2016.
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La abogada querellante María Elena Santibáñez, perteneciente a la Clínica Jurídica UC y representante de la Fundación Para la Confianza, comentó que la reconstitución de escena realizada la semana pasada "fue clave" para el cambio de criterio del CDE.
"Yo estuve con ellos (los representantes del Consejo) en la reconstitución de escena y creo que ahí recién adquirieron consciencia de la envergadura de los malos tratos. Me parece que es distinto, además, ver los hechos en papel y presenciar cómo se dio la dinámica, y cuál fue el nivel de maltrato del que fue objeto esta niña", dijo Santibáñez.
La académica señaló que tal diligencia permitió también observar "bastante ocultamiento dentro de las declaraciones de los mismos funcionarios, de tratar de ocultar conductas no sólo de ellos, sino que de terceras personas".
Santibáñez destacó, además, la decisión del CDE, indicando que "estamos muy complacidos de que el CDE finalmente se haya dado cuenta de cuál es la gravedad de los hechos".
"Acá estamos en presencia de unos niños, y en este caso Lissette y los otros niños que están en esta situación, de una vulnerabilidad tremenda. Los maltratos fueron cometidos por personas que están a cargo de estos niños y que son funcionarios públicos".
La decisión del CDE fue minimizada por la abogada Jacqueline Stubing, quien representa a dos de las cuidadores imputadas por la muerte de Lissette.
"El cambio del título del delito –por decirlo de alguna forma-, es lo que siempre ha estado en discusión. Que se mantenga la figura del apremio para nosotros sigue siendo indiferente, porque ésa no es la figura que nosotros estamos analizando como defensa: estamos pensando siempre en una absolución o, eventualmente, una recalificación a cuasidelito en el caso del hecho más grave", dijo Stubing.
"Lo que el Consejo haga está dentro de sus facultades para ampliar las querellas respecto de los antecedentes que existan en la carpeta, y seguramente esto tiene que ver mucho con la reconstitución, pero la pelea dura la vamos a tener que dar en el juicio", indicó.
En tanto, el ex director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien declaró como imputado ante la Fiscalía por obstrucción a la justicia, subrayó que "he actuado, he dicho y lo seguiré haciendo como un ciudadano que está a disposición de lo que requiera la Justicia".
Consultado sobre si recibió una "petición especial" por parte de la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, ante la muerte de Lissette Villa, respondió categórico: "En absoluto, eso ya lo dijo con toda claridad mi abogado".
El plazo de investigación del caso Sename termina en abril próximo, pero se prevé que el Ministerio Público pedirá un aumento y anunciará nuevas formalizaciones.
