Después de casi seis meses en funciones, la comisión investigadora en torno a las licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia -también conocido como Mejor Niñez- despachó a la Sala de la Cámara un informe de consenso, tras aprobarlo de forma unánime.
Si la Sala lo ratifica, será remitido a los ministerios de Desarrollo Social, de Salud, de Educación, de Vivienda, de Justicia y de Interior, al igual que a la Presidencia de la República, la Subsecretaría y Defensoría de la Niñez y la repartición indagada, entre otros organismos.
El documento, que aborda los fallidos concursos públicos para programas ambulatorios y las listas de espera para niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, incorpora recomendaciones administrativas y legales para mejorar el funcionamiento del servicio.
Gracias a lo expuesto en la instancia por asociaciones de funcionarios, autoridades de Gobierno, del Poder Judicial y la Defensoría de la Niñez, se concluyó que "la implementación del servicio se realizó de forma apresurada y desprolija", debido a un "actuar descoordinado entre el Sename, el nuevo servicio y otros organismos del Estado", consigna un comunicado de la bancada de diputados PPD.
RESPONSABILIDADES Y RECOMENDACIONES
Para el presidente de la instancia, Héctor Ulloa (ind-PPD), el informe "refuerza la idea de que los niños, niñas y adolescentes tienen que ser nuestra absoluta prioridad, y evitar a toda costa que se vulneren sus derechos fundamentales, y sean expuestos a redes de explotación sexual infantil".
"Existe consenso de que el tiempo de implementación para generar y crear este nuevo servicio de Mejor Niñez fue bastante escaso, razón por la cual han existido bastantes inconvenientes. Y no solamente eso, sino que los primeros recursos que el servicio obtuvo fue a través de la Ley de Presupuestos para 2023, es decir, este año. Es por eso que se están generando recién mejoras, sobre todo en infraestructura y mejores licitaciones en materia de organismos colaboradores", relevó.
También se determinó que la Subsecretaría de la Niñez tiene "responsabilidades políticas respecto del diseño y la implementación" del servicio, y se considera que, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, deben "colocar el foco urgente en mejorar las condiciones de vida de cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que requieren de una mirada urgente", agregó Ulloa.
Las medidas más apremiantes -a juicio de los diputados- son aquellas "en materia de salud mental, de listas de espera, y que no sigan evidentemente sufriendo vulneraciones de derechos tan básicos, como estar expuestos permanentemente a redes de explotación sexual. Ese debe ser el foco en forma transversal como política pública de mirada a futuro".
