El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) inició acciones legales contra el centro de menores Alihuén de Buin, por presuntas torturas a tres menores de edad con discapacidad intelectual severa.
Los hechos comenzaron el 23 de marzo pasado, cuando personal del INDH realizó una visita inspectiva al recinto, al que se les negó el ingreso y dónde sólo pudieron ingresar, con ayuda de Carabineros, cinco horas después. Eso sí, en esa oportunidad no encontraron irregularidades.
No obstante, posteriormente, funcionarios y la ex directora del centro llegaron el 28 de abril hasta las dependencias del instituto para denunciar las torturas que, aseguran, se realizaban desde ese mes contra los tres menores.
El director del INDH, Branislav Marelic, detalló que -según se vio en un registro de video- "uno puede ver que son niños que han sido puestos en una camilla de inmovilización, que típicamente se usa en caso de fractura, que fueron inmovilizados de pies de y manos, dejados así por más de tres horas".
En esa línea, afirmó que, "incluso, un niño se orinó porque no recibió la atención adecuada", y sentenció que "eso, si está protocolizado, es una tortura de todos modos".
El fiscal Gamal Massú explicó que se buscará acciones "contra los que resulten responsables, sin perjuicio de que puedan haber datos en los antecedentes que puedan dirigirse a personas determinadas, podría llegar eventualmente a la pena de crimen. Podrían ser penas de sobre cinco años y un día de privación de libertad".
"El contenido de la investigación no puedo indicarlo por ser secreta la investigación para terceros no intervinientes. La investigación desformalizada no tiene un plazo acotado, por lo tanto va a depender del mérito de las diligencias que se vayan realizando y los antecedentes que vayamos recabando", dijo.
Querella criminal
Ante ello, el 1 de mayo el organismo interpuso un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de San Miguel y una querella criminal contra el director del recinto, Gonzalo Recabarren, la asistente social Daniela Venegas, la psicóloga Natalia Guerra y el terapeuta ocupacional Ignacio Rosales en el Juzgado de Familia de Buin.
Dichas acciones tuvieron como resultado que se le quitara la administración del recinto a la fundación Coanil, siéndole entregada al Servicio Nacional de Menores por los próximos 30 días.
A través de un comunicado, Coanil se defendió señalando que las imágenes que se han difundido al respecto carecen de contexto, toda vez que no dan cuenta de los hechos previos que habrían llevado a recurrir a los procedimientos de contención.
"Duele que al Estado no le importe"
El abogado querellante del caso Lissette Villa -la niña de 11 años que murió en un centro del Sename en Estación Central en abril de 2016-, Sebastián Lafaurie, criticó que "lo que más duele acá es que al Estado le dé lo mismo, no le importe que sigan existiendo casos y no tome parte real".
"No hay una voluntad política de parte de nadie, al aparecer, para poder cambiar y mejorar esta situación", continuó su cuestionamiento, a la vez que hizo un llamado "a toda la opinión pública y a las autoridades de todos los colores políticos para que tomen parte en esta situación que afecta a los niños más vulnerables de Chile".
