El abogado Luis Torres, querellante por el Instituto de Derechos Humanos en el caso de la niña Lissette Villa, fallecida en abril de este año en el centro Cread Galvarino de Estación Central, analizó en Cooperativa las implicancias de los cargos por torturas que presentará la Fiscalía contra cinco funcionarios del Sename.
Según reveló La Tercera el fin de semana, el último informe del Servicio Médico Legal reveló que la causa de su muerte de la niña de 11 años fue "asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa", ya que, en medio de un arrebato de ira, dos cuidadoras (Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes serán imputadas) la pusieron en el suelo, boca abajo y se subieron encima de ella, en su espalda, para inmovilizarla, provocándole incluso una fractura de costilla.
Según el abogado Torres, "no es que la tortura (en el Sename) se haya transformado en una práctica deliberada", pero sí se observa que abunda "personal no idóneo para tratar a niños con algunos problemas particulares", lo que "ha generado que el control sobre ellos exceda lo permitido, transformándolo en conductas que atentan gravemente contra la integridad personal y que son dolorosas para los menores".
"En el caso de Lissette la tortura operó en el procedimiento que los funcionarios cuestionados -que van a ser formalizados- adoptaron en el momento en que ella tuvo la complicación médica, que fue abordada de una manera inadecuada, fuera de todo protocolo, y que implicó el despliegue del uso de la fuerza, generando dolor y, en definitiva, causando la muerte de la menor", detalló en conversación con La Historia es Nuestra.
Labor "exigente"
A juicio del letrado, "el Estado no se ha hecho cargo de tener funcionarios y funcionarias capacitadas para enfrentar estos eventos críticos que ocurren con estos menores, que tienen problemas conductuales, son muy violentos".
"Como es más exigente el tratamiento con esos niños las personas que desarrollan esas funciones tienen que estar más capacitadas (...) "Hay una deficiencia, que no es la única causa, porque obviamente que las responsabilidades penales son personales, pero nosotros creemos que incide en esta reiteración de casos que estamos viendo", indicó.
El uso de la fuerza es el último recurso
Torres aseguró que existe "abandono en el control y la fiscalización que hay del personal que está trabajando en estos centros y que tiene la resolución de los eventos críticos con los menores, porque es allí donde se han producido abusos".
"En el fondo se han servido de estos mecanismos de aplicar la violencia como forma también de castigar, de inhibir, de intimidar, de discriminar, en algunos casos, y eso nunca está justificado. La violencia está siendo una forma de solución de los conflictos y ése no es el sentido de la violencia autorizada, que, sobre todo en el caso de los menores de edad, es muy restrictiva: sólo para aquellos casos de última razón, donde ya no operó nada más, se puede proceder al uso de la fuerza para neutralizar al niño o niño en condición crítica, pero no es la regla general", explicó.
"La tortura nunca puede estar justificada, nunca, y menos aún en los casos en que hay niños o niñas involucrados", concluyó el querellante.
