Una cruda realidad muestra el estudio "Del dicho al derecho: Ser niña en una residencia de protección", del Hogar de Cristo, que analiza y visibiliza los estereotipos y la discriminación de género que sufren las niñas y adolescentes en residencias del sistema de protección del país.
Este revela que cerca de nueve de cada 10 menores que ingresan a éstas son derivadas por causales de violencia sexual que vivieron, y advierte que la estructura y enfoque del sistema termina "propiciando" la revictimización y mayor riesgo de que vuelvan a sufrirla.
En este marco, expone que al entrar al sistema enfrentan diversas desventajas estructurales, además de la violencia sexual: sesgo de género en residencias, alta rotación en programas y de los especialistas, en comparación con los hombres, y la revictimización, presentando mayor probabilidad de sufrir una nueva vulneración de derechos por el mismo u otro victimario, o de sufrir violencia por parte de sus parejas en la adultez.
"En general han sido vulneradas una y otra vez, cerca del 90% de las niñas que entran al sistema residencial lo hacen por causales que tiene que ver con violencia sexual, abuso, violación, explotación sexual comercial, y es la forma conocida de vida", sostiene la psicóloga Claudine Litvak, coordinadora del estudio.
"En ese sentido, es una trayectoria vital marcada por eso, y cuando entran al sistema de protección, éste no necesariamente las protege, y muchas veces las vulneraciones siguen: las redes de explotación sexual comercial están presentes en las residencias, los depredadores ven en las residencias un lugar donde pueden obtener niñas para ser explotadas, y eso es tremendamente difícil", subraya.
Situaciones que, cuenta, "en el Hogar de Cristo nos ha pasado, ha habido redes de explotación sexual comercial, y es una batalla tan difícil porque se necesita un sistema de justicia, de educación y salud, todos pudiendo trabajar con perspectiva de género en forma diligente, y eso muchas veces no pasa -critica-: al contrario, se las estigmatiza y culpabiliza, a diferencia de los niños, que se les ve más como víctimas".
Complementa Carlos Vöhringer, director de protección integral de la institución: "Pusimos la primera denuncia en la Fiscalía el año 2018, y desde esa fecha hemos visto, lamentablemente, policías mal preparadas para abordar estas causas, y lo que quizás es más grave, con una mirada machista de lo que a las niñas les pasa, propiciando revictimización, humillación, maltrato; hemos visto uso de lenguaje estigmatizador, y la naturalización y minimización del delito".
Asimismo, agrega el psicólogo, "hemos visto una Fiscalía lenta, no dando prioridades a una investigación tan grave como esta, y finalmente un sistema de reparación muy mal preparado, articulado y formado".
"No estamos protegiendo, tampoco estamos previniendo", cuestiona.
El informe plantea que en Chile "existe una grave y sistemática violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que afectan sobre todo a aquellos en contextos de cuidado residencial", debido a cuatro causas estructurales: una incorrecta interpretación del carácter subsidiario del Estado; una visión tutelar de la infancia y no de derechos; la insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema, y una insuficiencia de recursos humanos, técnicos y financieros en el sistema.
DESAFÍO: UN SISTEMA DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
Ante ello, es "fundamental" instalar un sistema de garantía de los derechos de la niñez y adolescencia, cuyos desafíos -propone- deben ser "desarrollar programas residenciales y ambulatorios de protección con estándares de calidad y basados en evidencia, especialmente en reparación de violencia sexual", así como "crear un sistema de información integral, que entregue en una sola plataforma: historial de programas, causales de ingreso y egreso, oficios, peritajes, información sobre salud mental, educación y situación familiar", y "disminuir la burocracia programática".
Lo anterior, junto a la "formación y capacitación especializada de los trabajadores de residencias", el "apoyo en la transición a la vida adulta", "reducir la movilidad entre instituciones y facilitar una mayor estabilidad" y una "atención familiar intensiva y especializada".
"Contar con un sistema que garantice íntegramente los derechos es fundamental para el sistema de protección especializado, que se focaliza en dar respuesta cuando los derechos de las niñas y adolescentes ya han sido vulnerados, asegurando las condiciones estructurales para que las vulneraciones no sucedan, potenciando y resguardando los derechos de manera universal", concluye.
