Diez imputados por la muerte de Lissette Villa fueron reformalizados.
La Fiscalía insistió en que la causa indaga "delitos contra los derechos humanos de los niños más vulnerables".
Este jueves se desarrolla la reformalización de 10 imputados por la muerte de Lissette Villa.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago descartó excluir al Consejo de Defensa del Estado (CDE) como querellante del caso Sename, cuya arista principal indaga la muerte de la niña Lissette Villa, ocurrida en abril del año pasado en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino, ubicado en la comuna de Estación Central.
El juez Ponciano Salles descartó apartar al organismo de la causa, como solicitaban el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Fundación para la Confianza, también querellantes.
Las críticas apuntan a que la querella por cuasidelito de homicidio (a diferencia de las imputaciones que se han hecho hasta el momento, por torturas) se presentó el 29 de septiembre, a más de un año de conocerse los antecedentes por parte de la Fiscalía, y luego de que una de las defensas pidiera diligencias en torno a Javiera Blanco, ex ministra de Justicia y actual consejera del CDE, quien tuvo que prestar declaración en calidad de testigo en la causa, pero eventualmente podría adquirir la calidad de imputada.
El abogado del CDE Rubén Salas aseguró que la situación de Javiera Blanco no tiene "ninguna" implicancia para el organismo.
"Nosotros tenemos los antecedentes, los estudiamos y nos querellamos por el estudio que teníamos en ese momento. Ahora vamos a volver a estudiar los antecedentes y vamos a definir las líneas a seguir", dijo Salas.
Reformalización y aumento de plazo
Durante esta jornada los 10 imputados de la causa fueron reformalizados por apremios ilegítimos con resultado de muerte de Lissette Villa. Además, se concedió una prórroga de seis meses en el plazo de la investigación.
El fiscal Marcos Emilfork afirmó que el Ministerio Público seguirá "investigando todas las aristas que se han ido visualizando en el contexto de esta investigación, relacionada con el fallecimiento de Lissette".
"El INDH comparte nuestra tesis de apremios ilegítimos con resultado de muerte. Otras partes querellantes también sostienen lo mismo... No se trata de un delito común, se trata de un delito contra los derechos humanos de los niños más vulnerables de nuestro país, y nosotros vamos a sostener eso hasta el final", agregó el fiscal regional de Los Lagos.
