El ministro de Justicia, Hernán Larraín, cuestionó al diputado René Saffirio (ex DC), quien pidió la renuncia del secretario de Estado y del fiscal Marcos Emilfork, persecutor que indaga las muertes de menores bajo el cuidado del Sename.
Según el parlamentario, un informe de la PDI elaborado en junio de 2018, que aborda las muertes de menores en el Sename, estuvo un año guardado por los aludidos sin que se haya hecho nada al respecto.
El propio ministro de Justicia dijo que tenía conocimiento de la investigación, pero nunca recibió el mencionado informe.
"Tengo la información de que en una investigación que llevaba adelante el ministro Emilfork se pidió este estudio. Tuve conocimiento de que se estaba realizando y efectuando este estudio", dijo Larraín.
"En alguna oportunidad me contaron de la PDI que lo tenían muy avanzado, pero el Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe, por eso lo que hace el diputado Saffirio es muy grave, porque hace afirmaciones que no tienen respaldo en los hechos. Espero que dé una explicación pública en esta materia", añadió.
Desde el Ministerio Público aclararon que el informe no contiene actos constitutivos de delitos, porque todo lo que se debía investigar ya se indagó por parte del fiscal Emilfork.
PDI aclara aspectos del informe
En tanto, la PDI aclaró varios aspectos sobre el informe que denuncia el diputado Saffirio, desestimando que se retuviera desde 2018 y que este iba a ser entregado al ministro de Justicia durante el presente mes de julio.
En un comunicado, la Policía de Investigaciones aseguró que remitió este informe al fiscal Emilfork el pasado 25 de abril y que luego, el 6 de mayo, el persecutor lo remitió a la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía consultando sobre la posibilidad de entregarlo a autoridades del Gobierno.
El 16 de mayo la Unidad de Asesoría Jurídica 2019 respondió que "el informe podía ser entregado a terceros, pero que dado que no es facultad de los fiscales proponer políticas públicas, el documento debía remitirse al fiscal nacional (Jorge Abbott) para evaluarse la pertinencia de que los antecedentes fueran entregados como insumos para programas o planes de gobierno en la materia".
"Dado que los contenidos de este informe se relacionan con el ámbito de acción de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, el documento fue derivado a esta área, la que fue encargada de coordinar una fecha para su entrega, en conjunto con el Director General de la PDI, al Ministerio de Justicia. De hecho, se había estimado como fecha tentativa el 18 de julio, lo que debe coordinarse con las autoridades respectivas", añade el comunicado.
