La abogada Camila Maturana, representante de la pareja de lesbianas que pretendían ser reconocidas como madres, conversó en Una Nueva Mañana sobre las opciones a seguir para que las mujeres sean incluidas como madres en el Registro Civil.
La Corte de Apelaciones cerró este martes la puerta en tribunales a la petición de Alexandra Benado y Alejandra Gallo, al rechazarse la solicitud de reposición del recurso de protección que ellas habían presentado.
"El problema que hay aquí es que no se están respetando los fallos judiciales internacionales. Chile recibió una condena por discriminación, en base a la condición sexual de una madre, que es el caso Atala, el año pasado. Es un caso distinto, pero hay un mandato súper claro de la Corte Interamericana de DD.HH., que las autoridades chilenas muchos dicen que respetan los casos judiciales y, en este caso, no están respetando", comentó.
Agregó que van a recurrir al mandato que se refiere a que "está prohibida cualquier ley que discrimine en base a la orientación sexual, cualquier política pública, cualquier servicio público y también actos de privados que el Estado debe prevenir y sancionar si esto se presenta".
Indicó que la Corte de Apelaciones, al declarar inadmisible el recurso, "lo que hizo fue evitar pronunciarse y resolver, derechamente, si en este caso se ha vulnerado la garantía constitucional de igual de derechos, por una parte, la prohibición de discriminación y la protección de la familia".
Detalló que sobre los argumentos para justificar el recurso, "estamos frente a una realidad súper contundente y concreta. La realidad es que Alexandra, Alejandra y los niños son una familia. Ellas viven juntas desde hace seis años teniendo vida familiar y desde hace tres que cuidan de sus hijos".
Indicó que ellas les han dado "amor, protección, cuidado, estimulación, educación, vestimenta, abrigo, vivienda, todo lo que hace la vida familiar y cotidiana de los niños, esa es la realidad. Ellas no están pidiendo nada más que se reconozca la realidad familiar que ellas viven".
Además, con la acción judicial buscan que los niños puedan exigir también sus "derechos hereditarios y patrimoniales".
