Jorge Contesse dijo en Cooperativa que más que el cumplimiento judicial debe haber voluntad política.
Cuestionó la Ley Antidiscriminación porque solo sirve como instrumento de reacción.
El abogado de la jueza Karen Atala, Jorge Contesse, manifestó en El Diario de Cooperativa que no basta con el acto de desagravio que le ofreció el Estado de Chile a la magistrada para afirmar que el país ha cambiado frente a las expresiones de discriminación.
Este viernes la jueza Atala recibió una disculpa de los poderes del Estado por la decisión que en 2004 dictó la Corte Suprema para quitarle a sus hijas debido a su condición de lesbiana, por lo que fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
"No creo que baste con eso, que sea suficiente para concluir que hay un cambio de una magnitud tal que amerite nuevas decisiones de política pública, pero me parece que el país sí ha cambiado en un sentido positivo ante las distintas comprensiones respecto de lo que es la tolerancia y lo que significa tratar a las personas con igual consideración", dijo Contesse.
Agregó que pese al acto reparatorio, se debe avanzar más: "Junto con la dimensión personal hay una dimensión republicana que tiene que ver con cómo el Estado se para frente a actos que el mismo Estado ha provocado, los mira con distancia a partir de una sentencia de un tribunal internacional, que es de obligatorio cumplimiento, y desde ahí entiende que ciertas medidas de política pública y ciertas actitudes tienen que cambiar en el seno del Estado y la sociedad chilena".
Sí reconoció que "la decisión de la Corte Interamericana y especialmente el acto de este viernes son un hito en la manera como el Estado chileno entiende el fenómeno de la diversidad y las políticas que hacen frente a la discriminación".
Cambio en la percepción
El abogado sí cree que desde 2004 la percepción de la gente ha variado: "Cuando comenzó este caso se planteó la pregunta a la opinión pública de una pareja lesbiana criando niñas y la reacción era de mucha mayor distancia y rechazo en comparación con hoy, que tenemos discusiones muy abiertas respecto al acuerdo de vida en pareja y el matrimonio igualitario".
También afirmó que la situación no hubiese sido diferente si hace ocho años hubiera estado vigente la Ley Antidiscriminación: "Es un avance respecto de lo que había antes, pero no habría evitado la decisión de la Corte Suprema de 2004. Lo que hace esa ley, a pesar de su título, es nada más que establecer un mecanismo de respuesta judicial"
"Cuando se ha producido un acto de discriminación, se puede reclamar judicialmente. Pero una ley antidiscriminación necesariamente tiene que hacerse cargo de las discriminaciones estructurales que existen en el país. Esas discriminaciones estructurales no se combaten únicamente con remedios judiciales, necesita de políticas agresivas", comentó.
