Familiares de ejecutados políticos entregaron una carta al presidente de la Suprema en la que le solicitan investigar 1.289 denuncias que aparecieron como "sin convicción" en el texto de 1991.
A 15 años de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, (Rettig), la Agrupación de Familiares de Ejecutado Políticos (AFEP) entregó una carta al presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, en la que le solicita que se investiguen las 1.289 denuncias que en el informe aparecieron como inciertos.
Tras investigar los casos, la instancia no llegó al convencimiento que se trata de episodios de atropellos a los derechos humanos y, por lo tanto, podían tratarse de hechos de sangre comunes.
La presidenta de la AFEP, Patricia Silva, leyó una declaración que afirmó que "los 16 años desde el termino formal de la dictadura han generado espacio para superar los temores y miedos que en su momento implicaron no denunciar el asesinato de sus familiares".
"Ellos necesitan de este marco de permanente zozobra y exigen igualmente justicia en sus casos", añadió.
Silva estimó que los testimonios entregados por uniformados ligados a casos de derechos humanos "en este último tiempo han hecho posible tener una visión más amplia y completa de los hechos que hemos denunciado".
Asimismo solicitaron a la electa Presidenta, Michelle Bachelet, abrir un nuevo período de calificación para estas denuncias con el fin de transitar una genuina consolidación de la verdad, la justicia y la memoria. (Cooperativa.cl)
