Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de formalización del alcalde de Quirihue, Richard Irribarra, el concejal Iter Stuardo y cuatro funcionarios municipales, por interrumpir la ruta de acceso a la capital provincial de Itata, el pasado 31 de marzo.
Mediante dicha acción, impidieron la derivación de seis adultos mayores sospechosos de Covid-19 al hospital local.
La Fiscalía formalizó a los imputados por los delitos de vulneración a la salud pública, interrupción del libre tránsito y maltrato relevante en el caso del alcalde y el concejal. Al caso se sumó como querellante la Intendencia Regional de Ñuble.
La fiscal Cecilia González señaló que "aquí el bien protegido es la integridad moral y dignidad de las personas, lo que se vio vulnerado por el actuar de los imputados. Lo que ellos lograron es que las víctimas no tuvieran una atención médica necesaria y que debieran regresar en la noche a Chillán para ser distribuidas en otros centros asistenciales".
El abogado Diego Sepúlveda, de la Intendencia de Ñuble, agregó que hubo además vulneración a la seguridad pública, porque "se bloqueó el acceso a una comuna para evitar el traslado de pacientes, en el contexto de una cuarentena general, cuando la región presentaba la segunda tasa de mayor contagio en relación al número de habitantes a ese momento".
Desde la defensa de los imputados argumentaron que se trató de un bloqueo parcial de la ruta, cuando la comuna no presentaba casos positivos, agregando que el hospital entonces no tenía las condiciones sanitarias necesarias para recibir a los pacientes trasladados.
Tras escuchar a las partes, el juez Adolfo Montenegro, del Juzgado de Garantía de Quirihue, ordenó el arraigo nacional de los imputados y firma mensual en el caso del alcalde y el concejal, instruyendo además nueve meses para la investigación del caso.