Informe de terapeuta de Daniel Goldberger afirma que presenta personalidad limítrofe con descontrol.
Defensa pidió revertir la prisión preventiva, lo que fue rechazado por el tribunal de garantía.
La defensa de Daniel Goldberger, uno de los ocho imputados por las amenazas contra la fiscal de alta complejidad Ximena Chong, pidió que se le revoque la prisión preventiva a su representado y para ello adjuntó antecedentes sicológicos del acusado por haber escrito la carta con la que se buscó intimidar a la persecutora.
Goldberger está sometido a la máxima medida cautelar junto a Gabriel Jara, Solange Aravena, Paula Narváez, Osvaldo Urcola, Benjamín Zaragoza y Fernando Hasler, todos formalizados por los amedrentamiento, al igual que Pablo Martínez, quien al ser detenido tenía una subametralladora UZI en su casa.
La defensa de Goldberger (sicólogo de profesión), encabezada por el abogado Pablo Sanzana, reveló un informe acerca de la salud mental de su representado, fechado en diciembre de 2020, en el que la sicóloga Pamela Latam apunta que "el paciente consulta con el objeto de adquirir habilidades de autorregulación emocional, dado que presentaba un trastorno de personalidad limítrofe con descontrol, también conocido como borderline. Durante el tratamiento el paciente mostró un alto compromiso en su proceso terapéutico (...) Las temáticas abordadas durante el tratamiento están relacionadas en gran medida con su baja tolerancia a la frustración y a la sensación de injusticia social, percibiéndose en él un comportamiento emocional impulsivo por el logro de la equidad".
Junto con entregar el diagnóstico, cita La Tercera, la sicóloga recomendó entregar al imputado "un ambiente de bajo nivel estresor con el fin de lograr una adecuada estabilidad emocional que le permita al paciente conservar su trastorno siquiátrico en forma compensada". Además, el defensor dijo que su representado se está tratando con un ansiolítico.
Sin embargo, la jueza Pilar Ahumada, del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió mantener al imputado en la cárcel, al igual que a Jara y Hasler que habían pedido el mismo beneficio. "Una carta de esa índole, con ese tenor de agresividad, de amenazas serias a una fiscal (...) uno que forma parte del Estado está sujeto a una revisión y cuestionamiento pero ello debe ser en el marco del respeto y que las personas que formamos parte de ella tengan la libertad y la tranquilidad de ejercer sus funciones", dijo la magistrada.
