Por segunda vez en esta semana fue aplazado el juicio oral en contra del ex diputado por Arica Orlando Vargas Pizarro, el ex concejal Emilio Ulloa Valenzuela y el ex alcalde subrogante Osvaldo Abdala Valenzuela, luego de que la parte querellante solicitara la inhabilidad del juez asignado producto de "tener conocimiento de los hechos por causas civiles anexas", lo que podría afectar el desarrollo del proceso.
El denominado "Caso Corrupción II" fue aplazado, primero, el pasado lunes debido a que el magistrado a cargo del juicio no pudo presentarse por enfermedad, lo que obligó a la asignación de un juez del Tribunal Civil, quien si bien no ha intervenido directamente con la causa, puede tener una opinión formada debido a su previo conocimiento de los hechos.
Esta situación llevó a aplazar el juicio hasta el próximo 22 de mayo. Según explicó el abogado defensor de Osvaldo Abdala, Antonio Raveau, "por mucho que haya demoras, el juicio tiene que cumplir las normas legales. Sino, es un juicio que si le va bien o mal, arriesga su posterior anulación. Con esto en mente, tenemos que asumir esta demora para que la sala esté conformada como corresponde".
Por su parte, el fiscal Francisco Ganga comentó que "esta es una situación imprevisible y atendible a las circunstancias de enfermedad de uno de los magistrados y dada las características de este caso, el cual fue conocido por muchos jueces de la jurisdicción. Es muy difícil contar con magistrados que no estén inhabilitados. Esperamos que con esta nueva fecha, podamos contar con un tribunal con magistrados en condiciones".
Los detalles del caso Corrupción II
Orlando Vargas, Emilio Ulloa y Osvaldo Abdala fueron acusados por la fiscalía como autores del delito de fraude al fisco frustrado y cohecho, luego que los trabajos de mantenciones del vertedero que fueron adjudicados a la empresa Aservertrans no fueran realizados.
La denuncia fue realizada en el marco de la deliberación del Caso Corrupción I en 2015, que terminó con la condena de 15 personas, entre ellos el ex alcalde Waldo Sankán, el empresario Jorge Frías y cinco concejales. En ese momento, la acusación fue lanzada en plena audiencia y apuntó hacia los tres involucrados actualmente, al señalarse la existencia de antecedentes que permitirían establecer su participación en los hechos de los que se les acusa.
El Ministerio Público solicitó 3 años y 1 día por fraude al fisco para los acusados, a los que se suman 600 días más para Emilio Ulloa por cohecho. El caso habría causado un perjuicio de casi 3 mil 600 millones de pesos.