El juez Alejandro Solís dictó este miércoles una acusación por exportación ilegal de armas contra 11 militares y civiles implicados en un contrabando de pertrechos a Croacia, descubierto en 1991.
Los implicados, entre los que hay tres generales retirados, arriesgan penas de entre 541 días y 15 años de prisión.
Según la resolución del juez, la operación fue concebida por las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) con el objeto de aumentar el patrimonio de la empresa, y contó con la anuencia del entonces comandante en jefe del Ejército, el ahora fallecido ex dictador Augusto Pinochet.
En ese contexto, Solíes dictó acusación -paso previo a la sentencia de primera instancia- contra los 11 procesados, entre ellos los generales retirados Guillermo Letelier, Carlos Krumm y Vicente Rodríguez, los dos primeros del Ejército y el último de la Fuerza Aérea.
También figuran en la resolución el ex coronel David Fuenzalida, el ex mayor Carlos Sepúlveda, el capitán de la Aviación Patricio Pérez, el empleado civil de Famae José Sobarzo, el empleado civil de Logística del Ejército Ramón Pérez y la ex secretaria del Centro de Negocios de Famae Carmen Molina Valdés, acusada como cómplice.
La misma acusación afrontan los civiles Antonio Sahd, gerente de una empresa que gestionó el embarque aéreo de 36 bultos, y Sergio Polmann, quien actuó como agente de aduanas para el embarque.
Los bultos de armas tenían como destino Zagreb, en una época en que Naciones Unidas (ONU) había decretado la prohibición de suministrar armas a las partes involucradas en la Guerra de los Balcanes, pero fueron decomisadas en una escala que el avión hizo en Budapest.
Los 36 bultos de armas fueron embarcados con el rótulo de "ayuda humanitaria".
El general Letelier está acusado adicionalmente por el delito de falsedad, sancionado en el Código de Justicia Militar, por "informar faltando a la verdad, mediante un documento afecto al servicio de las instituciones armadas y dar copia en forma fehaciente de un instrumento supuesto".
Antes, el juez había sobreseído a otros implicados que afrontaban cargos por fraude aduanero y falsificación de documentos privados. (EFE)