La directiva de la Asociación de Fiscales de Chile, que agrupa al 95% de los persecutores en ejercicio del país, entregó a la Convención Constitucional sus propuestas para la inclusión del rol y atribuciones del Ministerio Público en la nueva Carta Magna.
Entre las medidas se encuentran la autonomía económica del órgano persecutor, creación de unidades especializadas con dedicación exclusiva en investigación de delitos por parte de las policías, mayor protección a las víctimas en acompañamiento y asesoría.
Francisco Bravo, presidente del gremio, señaló que también proponen el perfeccionamiento de la carrera funcionaria, ante "la necesidad de que exista una escuela de formación a fiscales", para garantizar "que los fiscales que vayan asumiendo en el futuro sean abogados de excelencia, expertos en materia procesal, penal, litigación".
Lo anterior con el fin de asegurar "para la gente la posibilidad de tener una justicia de calidad, con estándares altos, respetuosa de los derechos fundamentales".
Sobre el rol del fiscal nacional, la asociación promueve la independencia del persecutor y que se incorpore un consejo técnico que participe en el nombramiento del cargo, de forma de eliminar la participación del Poder Judicial en la elección.
Otro elemento es el retiro de la potestad correccional del fiscal nacional sobre sus subordinados e incorporar la obligación de que toda decisión administrativa por las autoridades de la institución que pueda afectar a alguna investigación en curso debe ser tomada siempre con fundamentos.
Respuesta de la Convención Constitucional
Fuad Chahin, convencional de la DC, se mostró a favor de lo planteado por la asociación "no solo por la autonomía del Ministerio Público en relación a los demás poderes del Estado, sino por cómo se fortalece la autonomía interna del Ministerio Público y particularmente de los fiscales en relación a sus superiores".
"No es posible que muchas veces se remuevan a fiscales que están haciendo bien sus tareas sin ningún fundamento, como ha ocurrido en algunas oportunidades", sostuvo, puntualizando en "casos que están vinculados a delitos de corrupción''.
Por su parte, la convencional Manuela Royo de la comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, dijo que al interior trabajan "una propuesta de un consejo de la justicia".
En dicho consejo pretenden que se concentren "los nombramientos de las magistraturas como también de fiscales nacionales, regionales, defensores nacionales y regionales, con miembros que sean propuestos por las propias Fiscalías y asociaciones de funcionarios".
"De esta forma queremos asegurar la independencia y la autonomía interna de los agentes de justicia en nuestro ordenamiento jurídico", señaló.
