La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Mariela Hernández, analizó este viernes las amenazas que han sufrido distintos jueces por parte de la organización criminal extranjera conocida como el Tren de Aragua, información confirmada esta jornada por el Gobierno.
En entrevista con El Diario de Cooperativa, Hernández afirmó que esta es la primera vez que tienen información sobre una "amenaza respecto de una organización criminal", por lo que les preocupa.
"Nosotros hemos tomado conocimiento de otras amenazas, también de jueces en el ejercicio de sus funciones, pero lo que es propiamente tal de una organización criminal, es la primera vez que nosotros como asociación tomamos conocimiento de esto", analizó la abogada, que, frente a esa situación, solicitó para el caso "una especial atención por parte de las autoridades que correspondan".
De todas maneras, aseguró que "la ciudadanía tiene que estar absolutamente tranquila, (porque) quiero ser enfática y categórica: los jueces no nos vamos a dejar amedrentar por esas situaciones, no nos va a temblar la mano al momento de aplicar la ley".
"Esta es una situación puntual, una situación que tiene una relevancia determinada. El Ministerio Público tiene que investigar, se tienen que arbitrar las medidas de resguardo, pero los jueces no nos sentimos coaccionados, los jueces no vamos a ceder a estas presiones. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos realizado siempre", destacó la líder de los magistrados en Cooperativa.
Finalmente, Hernández evitó referirse a los detalles de estas amenazas y la cantidad de jueces afectados por ellas, para así "no trabar la investigación que le corresponde al Ministerio Público, a cargo de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur".
"INFORMACIÓN PLAUSIBLE DE AMENAZAS", CONFIRMÓ MONSALVE
La situación fue detectada mediante una escucha telefónica, conocida en una audiencia contra imputados de nacionalidad venezolana -con vínculos con el cártel- por secuestros en la Región Metropolitana, en la que se advertía sobre el peligro para la integridad de un juez en particular, en el marco de la investigación denominada "Operación Caracas".
"Hay información plausible de que existen amenazas (a jueces), las cuales estamos abordando en conjunto con otras instituciones del Estado, porque lo consideramos algo grave", confirmó esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en Radio Pauta.
Los antecedentes "demuestran no solo la gravedad de los hechos, sino los refuerzos redoblados que todos tenemos que adoptar por la protección de todos quienes intervienen en el sistema de enjuiciamiento criminal", dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, en Radio Universo, donde sostuvo que "el país ya ha tomado medidas en el pasado, hemos aumentado la penalidad de quienes puedan atentar contra fiscales, jueces y defensores, también se ha acordado una ley con herramientas de investigación sofisticada y robusta".
El fiscal metropolitano sur, Héctor Barros, ingresó una denuncia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el caso, a propósito del cual, además, algunos jueces ya han sido contactados para adoptar medidas de resguardo.
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