La Presidenta Michelle Bachelet anunció el proyecto de ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como entidad encargada de velar por el cumplimiento de la Convención contra la Tortura.
"Así, el Estado de Chile da cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que establece el deber de crear mecanismos nacionales de prevención contra la tortura", destacó la mandataria durante su participación en un seminario sobre la ratificación de dicha convención.
El INDH será el encargado de realizar visitas periódicas a los centros penitenciarios y establecer un diálogo colaborativo con las autoridades para lograr que se "mejoren las condiciones y el trato de las personas privadas de libertad, así como las condiciones de los lugares de detención", aseveró Bachelet.
En su opinión, "la inclusión del delito de tortura en el Código Penal, así como la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, son pasos significativos en la total erradicación de este flagelo que daña no sólo a las víctimas, sino a todo el cuerpo social. Un dolor que nos deshumaniza en cada agresión y en cada herida".
Según Bachelet, en América Latina y el Caribe se han realizado "valiosos avances" en este sentido, pues muchos textos constitucionales consignan explícitamente la prohibición de la tortura y establecen garantías que la excluyen.
Cinco países -Antigua y Barbuda, Brasil, México, Uruguay y Venezuela- han promulgado legislaciones específicas que criminalizan la tortura, y trece Estados -entre ellos Chile- han incluido la tortura como un delito específico, a través de modificaciones de sus Códigos Penales.
Asimismo, destacó que hace tres años, Dinamarca, Ghana, Indonesia, Marruecos y Chile impulsaron una iniciativa que busca la ratificación universal e implementación de la Convención de Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dentro de los próximos 10 años.
La acción tiene como objetivo brindar asistencia técnica, apoyo y cooperación a todos los Estados, hayan suscrito o no la Convención, en la tarea de ratificar e implementar este tratado internacional.
