Dos funcionarios de la empresa Coelcha (Cooperativa Eléctrica Charrúa) fueron formalizados este lunes por su presunta responsabilidad en los incendios de febrero de 2023 que aquejaron a las comunas de Nacimiento y Santa Juana en la Región del Biobío, cobrando vidas humanas.
Según comunicó el Ministerio Público regional, ambos sujetos -un contratista y un supervisor- supuestamente cometieron una infracción a la Ley de Bosques al no despejar las fajas de seguridad donde posteriormente inició el siniestro.
Debido a ello, el ente persecutor imputó a los aludidos 14 cuasidelitos de homicidio y nueve cuasidelitos de lesiones graves y menos graves, por lo que solicitó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual, que fueron acogidas.
La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, detalló que los imputados tomaron "contacto con la línea eléctrica energizada, causando que material incandescente del árbol cayera al suelo, dando inicio a un incendio forestal. Dada las condiciones climáticas del momento, el siniestro rápidamente se propagó a nivel aéreo y superficial a través de la columna de convección, generando saltos de pavesas y provocando focos secundarios en el sentido de la dirección del viento suroeste imperante a esa hora".
En tanto, la Justicia dio un plazo de seis meses como plazo para las indagaciones; además de solicitar que no se divulguen los nombres de los involucrados.
Por su parte, el abogado defensor Marcelo Villena indicó que durante el curso de la investigación "vamos a tratar de establecer que ellos no tienen responsabilidad en los hechos en materia de la formalización, en los lamentables hechos ocurridos. Estamos trabajando en eso, allegando algunos antecedentes y vamos a seguir aportando antecedentes a la investigación en tal sentido".
En esta línea, señaló que "creemos que no puede imputárseles a ellos la responsabilidad por todos los lamentables hechos ocurridos. Y desde ese punto de vista, creemos que hay antecedentes para demostrar que había otros factores o criterios a considerar que el Ministerio Público no ha ponderado debidamente y esperamos, dentro del plazo de investigación que se ha fijado en seis meses, efectuar esa labor para tratar de terminar esta causa".
GOBIERNO ESPERA MÁXIMAS SANCIONES
Como querellante, el Gobierno espera que se apliquen las máximas sanciones, dijo la delegada presidencial regional, Daniela Dresdner.
"Lo que esperamos es que se haga justicia. Lo que ocurrió en Santa Juana y Nacimiento en febrero del año 2023 es extremadamente grave: tuvimos daños a personas, no solo bienes nacionales, sino también vidas. En ese sentido, lo que esperamos es que se apliquen las penas que corresponden a un daño tan amplio como el que se produjo", señaló la autoridad.
