Haroldo Brito advirtió sobre la "grave" situación en las cárceles chilenas.
Criticó los largos tiempos de encierro al interior de los penales.
El informe fue realizado en base a visitas a 53 cárceles de diversas zonas del país.
El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, advirtió sobre la situación "grave" existente en las cárceles del país, debido al alto nivel de hacinamiento en los recintos penitenciarios.
En el marco de la presentación de un informe sobre la situación carcelaria (ver archivo adjunto), Brito planteó que la sobrepoblación produce "nefastas consecuencias" y que implica un "grave atentado a la dignidad de las personas que la sufren".
En el informe, se critica que tanto la Ex Penitenciaría de Santiago como la cárcel de Copiapó tienen sobrepoblación de 88 y 87 por ciento respectivamente.
Además, Brito criticó los largos tiempos de encierro -hasta 15 horas-, la falta de programas de capacitación laboral al interior de los penales y el hecho que los reclusos reciban su última alimentación del día a las 16:00 horas.
Junto a esto, se detalla que la mayoría de los recintos no tienen servicios higiénicos ni luz, y en el caso del Complejo Penitenciario de Valparaíso, no tienen agua.
"Particularmente grave es la situación relativa al hacinamiento en que viven los reclusos: son porcentajes muy cercanos al 40 por ciento de sobrepoblación o más, de ahí para arriba", dijo Brito.
"Nuestra preocupación va precisamente entendiendo que las personas están privadas de libertad como único derecho restringido, pero se trata de proteger su integridad de personas. Ciertamente hay estándares internacionales que cumplir", agregó.
El informe detectó además que la última comida se entrega a las 16:00, por lo que los reos pasan hasta 17 horas sin alimentarse.
Rodrigo Lillo, abogado de la Unidad Especializada Penal en materia carcelaria, afirmó que las condiciones en que se cumple prisión en Chile "está por debajo de los estándares internacionales" y enfatizó que "todos los órganos del Estado deberíamos hacernos cargo de esta situación por cuanto es finalmente el Estado el que debe responder por los compromisos internacionales".
Ana María Morales, directora del área de Justicia de la Fundación Paz Ciudadana, considera que "debería ajustarse a generar una oferta programática a través de un modelo integral de infractores de ley y que aplique en todos los canales del país o en aquellos penales que tengan la mayor cantidad de reos y que a su vez se legisle la regulación de una ley de ejecución de penas" que podría establecer los estándares mínimos.
"No se compadece con la dignidad"
Por su parte, el ministro Arturo Prado comentó que "una persona en condiciones de hacinamiento, una persona que vive con una infraestructura que no se compadece ni siquiera con su dignidad como persona, no puede realmente aspirar a mejorar esa condición, aspirar a toda la finalidad que tiene cualquier encierro, que es resocializarse, volver a ser un sujeto últil para la sociedad, cumplir la pena; sufrir la pena, pero -al mismo tiempo- aspirar a vivir en libertad y con dignidad".
"Creemos que la situación que informa la Fiscalía (Judicial) a nuestra Corte es de tal gravedad que requiere una atención urgente por parte de la autoridad", añadió.
Debido a esta situación, se convocó a diversos organismos del Estado para coordinar soluciones urgentes con el fin de dar término a esta situación.
Críticas de funcionarios
Los funcionarios de Gendarmería criticaron la falta de apoyo por parte de las autoridades para terminar con esta situación.
El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Joe González, recordó que "no es primera vez que la Corte llama la atención respecto de las condiciones de las cárceles chilenas: hay varios llamados por parte de este organismo judicial, también de otros organismos, de los propios gremios de Gendarmería".
"Creo que son muchos actores que están denunciando la precariedad del sistema, pero es la clase política la que hace oídos sordos; el sistema arrastra una crisis por muchos años y solamente se han realizado algunos parches", destacó.
El informe fue realizado en base a visitas a 53 cárceles de diversas zonas del país.
