Los beneficiados tienen un sistema de geolocalización, monitoreado por Gendarmería, para cumplir con sus arrestos domiciliarios.
El ministro inició la notificación en el penal femenino de San Joaquín.
Este viernes comenzó a regir la nueva Ley de Indultos Conmutativos, que permitirá que 1.860 internos, que han cometido delitos menores y son población de riesgo ante el Covid-19, o tienen permisos de salida, puedan cumplir el resto de su pena bajo arresto domiciliario.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, llegó hasta la Cárcel de Mujeres de San Joaquín y la Ex Penitenciaría, para comenzar a notificar los primeros beneficiados en la Región Metropolitana.
En el CPF San Joaquín fueron 60 las mujeres beneficiadas, mientras que en la Ex Penitenciaría informó a un grupo de cerca de 300 internos que iba a recibir un indulto conmutativo, quienes agradecieron la medida.
En el penal de San Joquín el ministro compartió con dos internas que manifestaron su alegría por recibir este indulto.
"La felicidad es enorme, reencontrarse con la familia de uno, la gente que nos está esperando afuera, por este beneficio tan importante tanto para mí como para muchas mujeres que hay acá y muchos hombres que también van a salir con este beneficio que van a poder reencontrarse con su familia, con sus hijos, con su vida, que estuvo durante todo este tiempo encapsulada aquí", dijo Carolina.
La otra interna, Johana, comentó que "cada una nos vamos comprometer a cumplir el indulto o cada beneficio que en él trae, porque aquí va a quedar más interna y ellas necesitan que nosotras seamos responsables para que ellas también puedan salir y tener la oportunidad que el indulto otorga".
En ambos diálogos, Larraín les enfatizó que deben cumplir estrictamente su arresto domiciliario total, así como otras medidas de control impuestas por Gendarmería, porque de lo contrario perderán el indulto y volverán a cumplir sus penas en la cárcel.
"(Este indulto) permite a 1.850 personas que están hoy día privadas de libertad o con reclusión nocturna poder cambiar esta pena por arresto domiciliario, en la mayoría de los casos de forma definitiva, y respecto de quienes tienen permisos dominicales o de fines de semana, en forma transitoria", dijo el ministro.
"Se lo han ganado por distintas razones, ahora les toca a ustedes ser responsables y cumplir con el compromiso de observar el arresto domiciliario qué les toca hacer de aquí en adelante o durante los próximos 6 meses", añadió el titular de Justicia.
Gendarmería elaboró un sistema con teléfonos registrados, a los que se les instaló un chip de seguimiento y geolocalización, con el cual los indultados tendrán la obligación de contactarse cuatro veces al día con el Centro de Control, a través de una aplicación, junto tener con la obligación de contestar cada llamada sorpresa que puedan recibir durante el día desde la institución.
Para la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, esta ley "permite resguardar la vida y la salud de las personas que están privadas de libertad, especialmente de quienes son catalogadas como población de riesgo, en el marco de esta pandemia".
En tanto, el defensor nacional, Andrés Mahnke, celebró estos beneficios.
"Es una muy buena noticia para los condenados privados de libertad y para todo el país, es precisamente la consideración que debemos tener todos los agentes del sistema de justicia respecto de los imputados que se encuentran en prisión preventiva", manifestó.
Según cifras de Gendarmería, el desglose regional de indultos conmutativos concedidos es:
La iniciativa comprende indultos generales conmutativos de penas privativas de libertad de hombres que tengan más de 60 años de edad, mujeres mayores de 55 años, mujeres embarazadas o que tengan un hijo o hija menor de 2 años de edad; y consiste en conmutar la pena por reclusión domiciliaria total por todo el saldo de sus respectivas condenas.
Todos los indultados cumplieron ya al menos la mitad de sus condenas y a ninguno le restaba más de 36 meses de presidio; excepto en el caso de embarazadas, en que se exigió un tercio de la pena, y mayores de 75 años, sin mínimo.
La ley excluyó del beneficio a condenados por delitos de gran gravedad, tales como tortura, violación, cualquier delito sexual contra menores de edad, femicidio, homicidio, trata de personas, delitos terroristas y delitos de lesa humanidad, entre otros.
