Con cadenas y candados en los accesos de la Dirección Regional en Concepción, los trabajadores del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ) del Biobío iniciaron una movilización para denunciar la grave crisis de seguridad e infraestructura que afecta al Centro de Internación Provisoria (CIP) de Coronel, recinto que alberga a jóvenes infractores de ley.
Los manifestantes exigen la intervención urgente de las autoridades frente a las constantes situaciones de riesgo que viven a diario los profesionales y educadores dentro del establecimiento.
Raúl Fuentealba, presidente regional de Artrase —gremio de trabajadores del extinto Servicio Nacional de Menores—, calificó las instalaciones de Coronel como "el centro más violento del país".
"Es el centro donde más armas hechizas se incautan. Aproximadamente, de los 30 días del mes, en 24 o 25 días ingresa Gendarmería por situaciones críticas. Todos los días se realizan allanamientos y todos los días se encuentran armas hechizas. Por lo tanto, también hacemos un llamado a la autoridad a que la infraestructura tiene que ser mejorada, porque no es posible segregar a la población con las actuales condiciones que tiene nuestro centro", señaló el dirigente.
"Nos contaba Gendarmería que desde principio de año a junio se habían encontrado mensualmente alrededor de 60 o 70 armas hechizas", alertó Fuentealba.
Falta de un marco regulatorio e impunidad
A las denuncias sobre el armamento artesanal se suman los cuestionamientos por el diseño del recinto, el cual fue construido a finales de la década de los 90 y no responde a las dinámicas delictuales actuales.
Desde el punto de vista de los funcionarios, el vacío legal para sancionar los ataques internos agrava la desprotección del personal.
Así lo detalló Alejandro Saavedra, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales (Anfur) Biobío: "El centro fue entregado en 1999 y no está con las normas actuales. Hoy día los jóvenes pueden romper las paredes y sacar fierros... Tiene un problema de infraestructura y un problema de la normativa que no permite sancionar a los jóvenes que cometen delitos contra los funcionarios o agresiones. Entonces, los jóvenes quedan en la impunidad total: pueden agredir a un funcionario y no pasa nada".
"La idea es que haya un tema regulatorio, un marco regulatorio, para poder trasladar a los mayores de edad a las secciones juveniles. También requerimos que se abra la sección juvenil de El Manzano, que está cerrada hace mucho tiempo", añadió.
Gobierno responde con planes de inversión y tecnovigilancia
Frente al emplazamiento de los gremios, Glenda Alarcón, directora regional (s) del SNRSJ, desglosó que "en los últimos 12 meses se han invertido más de 600 millones de pesos en restaurar y mejorar la infraestructura, lo que incluye la próxima recepción de obras de la unidad de separación de grupos".
"A esto se suma la renovación total del circuito de cámaras del recinto proyectada a corto plazo por un monto de 400 millones de pesos, lo que fortalecerá de manera significativa la tecnovigilancia. En la misma línea de fortalecer la seguridad, pilotearemos un nuevo sistema de registro y monitoreo de visitas que permitirá tener un mejor control de acceso", afirmó la autoridad.
"Mantenemos un trabajo permanente de coordinación con Gendarmería de Chile para reforzar la seguridad, lo que se ha traducido en una presencia más continua de la Unidad Especial de Seguridad y Protección (USEP) al interior del recinto", puntualizó Alarcón.
