El Ministerio de Justicia instruyó a Gendarmería para que informe mensualmente al Ministerio Público y a los tribunales sobre la capacidad y sobrepoblación actual de las cárceles del país.
El oficio solicita que la institución penitenciaria remita regularmente a los organismos que integran el Sistema de Justicia el número de internos, capacidad y condiciones de los recintos. El propósito es meramente informativo y no pretende que las cifras sean consideradas cuando los fiscales soliciten y los jueces dicten, por ejemplo, prisiones preventivas, aclaró el ministro Luis Cordero.
"Es una recomendación internacional que el Sistema de Justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad que tiene el sistema penitenciario y cuál es la actual situación de sobrepoblación. El Ministerio de Justicia se ha podido percatar de que no hay conciencia de la capacidad total de los establecimientos y lo que implica la sobrepoblación", sostuvo.
Por ello, el objetivo es que "la información estadística que actualmente tiene Gendarmería sea remitida regularmente a todos los actores del sistema de enjuiciamiento criminal, y el propósito es que el Sistema de Justicia en su totalidad tenga la información".
"Si eso tiene relevancia o no tiene relevancia para efectos de la prisión preventiva, el Ejecutivo no tiene ese propósito; (sino que) es fundamentalmente que todos sepamos y que seamos transparentes con la información que tenemos", puntualizó.
MILES DE PRESOS POR SOBRE LA CAPACIDAD DEL SISTEMA
El año pasado el país superó el umbral de 50 mil presos, cifra que se proyectaba para 2024, en un contexto donde, a mediados del 2023, la capacidad del sistema penitenciario rondaba los 42 mil.
Al 31 de marzo del corriente, Gendarmería informó de 57.872 reos sujetos al subsistema cerrado, es decir, privados de libertad por disposición de tribunales, ya sea en aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, cumplimiento de pena privativa de libertad o cumplimiento de una medida de apremio.
La sobrepoblación perjudica la correcta segregación de la población penal, así como la seguridad de internos y gerdarmes.
Héctor Ávila, dirigente de la Asociación de Gendarmes de Chile, sostuvo que "a nosotros nos dificulta mucho nuestro trabajo, ya que es imposible realizar una segregación que sea adecuada, poder controlar de mejor forma por la cantidad de internos versus la cantidad de funcionarios".
Remarcó que la situación actual revela "un dejo de parte del Estado, en especial en la construcción de cárceles nuevas".
En tanto, "creemos en la institucionalidad y en la separación de poderes. Yo creo que nuestro ministro está haciendo lo correcto informándole al otro poder del Estado, pero no creo que influya en una decisión que tome el magistrado en base a las pruebas que pueda tener el Ministerio Público", defendió Ávila.
FISCALES DESESTIMAN QUE PUEDA SER FACTOR PARA PRISIONES PREVENTIVAS
En esa línea, el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, remarcó que "el único criterio que tenemos que considerar al momento de solicitar una medida cautelar o una prisión preventiva, son los criterios que la propia ley nos señala".
"La Constitución establece nuestras facultades, nuestra ley orgánica, los criterios de actuación que dicta el fiscal nacional y, por cierto, lo que establece la ley, el Código Procesal Penal. Nosotros no podemos atender a otros criterios porque sería, derechamente, apartarnos de la ley", complementó.
"Pero -valoró- lo que plantea el señor ministro revela cuestiones mucho más de fondo, entre otros, lo que ha venido denunciando la Asociación de Fiscales desde hace cuatro años, que es el aumento de la criminalidad violenta".
Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados reconocen que la sobrepoblación es un problema, pero precisan que los únicos criterios que consideran para dictar medidas cautelares son los establecidos por la ley. En ese sentido, hizo un llamado a trabajar en la prevención y la reinserción social para abordar la problemática.
