La semana pasada fue desalojado y se encontraron refrigeradores, televisores, carnes de primer corte, droga y armas.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, presentó la querella por cohecho, asociación ilícita y delitos asociados al narcotráfico.
Además se está realizando un sumario interno para determinar responsabilidades de Gendarmería.
El Gobierno presentó una querella contra quienes resulten responsables por el denominado "módulo VIP" que fue descubierto en el penal Colina 2, en la Región Metropolitana.
La semana pasada, Gendarmería realizó un desalojo de los 112 presos del penal, situación que dejó al descubierto el ingreso de objetos al penal como refrigeradores, televisores, carnes de primer corte, drogas y armas.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, llegó hasta la Fiscalía Nacional para reunirse con su máxima autoridad, Jorge Abbott, donde fue anunciado el recurso legal que también busca determinar corrupción entre los funcionarios de Gendarmería que podrían haber permitido el ingreso de los elementos.
Según explicó Larraín, "la querella es por cohecho, por asociación ilícita y por delitos asociados al narcotráfico. Hemos querido relevar este hecho porque esta operación forma parte de un plan anticorrupción, cuyo objetivo principal es terminar con el narcotráfico en las cárceles chilenas", manifestó Larraín, quien, además, casi sufre una caída al llegar al edificio de la Fiscalía Nacional.
Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), su vocero Andrés Segovia, indicó que "es repudiable la acción que se cometió con respecto a la autorización de ingresar tantos elementos prohibidos a los módulos. Como tenían recursos se los dejaba ir ingresando para mejorar la habitabilidad en la estadía, pero eso también tiene que ser de manera austera, equilibrada y no llegar a tener piso flotante en una unidad penal, ya eso es un exceso".
"Una falta de criterio por un lado, abuso por otro lado de parte de las autoridades que autorizaron", recalcó, cuestionando a quienes dieron permiso para el ingreso de estos elementos.
El Gobierno, previamente, ya había anunciado un sumario interno en Gendarmería para determinar responsabilidades por el caso.
Los 112 internos fueron desalojados y reubicados en el marco del plan que busca convertir el módulo beta, como se denomina el sector, en un centro de estudio y trabajo para el que se han aprobado 58 millones de pesos.
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