José Quezada apuntó que "hay una responsabilidad de los gendarmes, pero también del Gobierno y del poder político".
El padre de una de las víctimas detalló la labor de la ONG "81 razones para luchar".
José Quezada, padre de una de las 81 víctimas del incendio de la cárcel de San Miguel, recalcó que existe responsabilidad del poder político y del Ejecutivo en los hechos, ya que no quiso escuchar los diversos informes sobre hacinamiento penal y una potencial tragedia de esta magnitud.
"(La
ministra) Mónica Maldonado muchas veces informó al Senado, al Gobierno, hablando de que podría generarse una tragedia de esta magnitud y nadie escuchó", indicó a El Diario de Cooperativa.
Según Quezada, "sabemos que hay una responsabilidad judicial de las personas que estaban a cargo de estos jóvenes al interior de la cárcel, pero también hay una responsabilidad en el poder político y en el Gobierno de estar informado, de que existía hacinamiento, de que iba a suceder esta tragedia, pero nadie quiso escuchar".
El padre de Antonio Quezada entregó detalles sobre la labor de la ONG "81 razones para luchar", organización creada por los parientes de los fallecidos para combatir el hacinamiento carcelario.
"Es una organización para poder trabajar pensando en el hacinamiento y no solamente en obtener justicia para nuestros familiares, sino pensando en las condiciones de los internos en las cárceles de Chile, pensando que todavía existe hacinamiento grave, donde todavía no se controla la cantidad de personas que ingresan al sistema carcelario", expresó.
José Quezada reconoció que "establecimos un grado de relación con Gendarmería en el tema del hacinamiento y las condiciones intrapenitenciarias, pensando que hubo responsabilidades no solo del personal que se encontraba ese día en el lugar".
"Pero las condiciones de hacinamiento no recaen solamente sobre Gendarmería, acá habido un problema del poder ejecutivo y político", sentenció.
