El senador Iván Moreira dijo que el magistrado está buscando "victimizarse" al denunciar amenazas de muerte por su decisión.
El abogado de Urrutia, Carlos Quezada, aseguró que se busca sacar un "dividendo político" al atacar esta resolución.
La oposición insiste en la expulsión del juez Daniel Urrutia desde el Poder Judicial, luego que permitiera que peligrosos internos de la Cárcel de Alta Seguridad realizaran videollamadas.
El senador Iván Moreira (UDI) sostuvo que se trata de "beneficios que no corresponden cuando está en juego el Estado de Derecho, la seguridad nacional, y nosotros lo que queremos pedirle al Poder Judicial es suspensión y expulsión".
"El juez Urrutia comienza a victimizarse, ha sostenido que ha recibido amenazas de muerte, nosotros no legitimamos ningún tipo de amenazas, pero sí que quiero decirle que quienes lo amenazan es la gente que no tiene nada que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, porque todas esas personas están felices con tener un juez de esta categoría", recalcó.
De acuerdo a un informe requerido por la Corte de Apelaciones, Urrutia se basó para su decisión en normas de la ONU, que recomiendan vínculos sociales para las personas detenidas, además que los internos llevaban más de siete meses sin contacto con sus familiares.
El abogado de Urrutia, Carlos Quezada, cuestionó que "¿Cuál es la razón de la polémica? Yo creo que la razón tiene que ver con sacar un dividendo político, lo que es lógico, los políticos necesariamente tienen que pagar una factura electoral, necesitan los votos y es un tema que da votos. No así el Poder Judicial, que es un órgano independiente, un poder independiente, que necesariamente debe regirse por la legislación".
"Eso hace que la resolución del juez Urrutia sea aún más relevante, porque es legalmente perfectamente correcta y concordante con un Estado de Derecho, pero probablemente a nivel de opinión pública, es una elección impopular, y eso es justamente el objetivo del Poder Judicial, no tomar decisiones en base a niveles de popularidad de la opinión pública, sino que aplicando el derecho vigente", añadió.
