Subsecretario de Justicia negó haber ordenado el cierre de Punta Peuco

El subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), negó haber ordenado el cierre del controvertido penal de Punta Peuco, desmintiendo lo publicado hoy en la prensa, e hizo énfasis en la compleja situación que existe en las cárceles del país.

El portal Ex-Ante publicó esta jornada -citando "fuente oficiales"- que Gajardo había instruido en octubre pasado al director de Gendarmería, Sebastián Urra, que realizara los preparativos para anunciar el cierre del recinto el próximo mes, medida por la cual los 129 internos condenados por crímenes de la dictadura iban a ser traslados al módulo Asistir, de Colina 1, que será ampliada en un plazo de seis meses mediante una licitación aún por adjudicarse.

Una decisión que, según la nota, se enmarcaría en la agenda del Gobierno por los 50 años desde el golpe de Estado que se cumplirán el 11 de septiembre.

Sin embargo, el subsecretario negó la información: "Seré claro y categórico al respecto: no hay ninguna instrucción formal o informal para el cierre de Punta Peuco que yo haya dado al director nacional de Gendarmería. Lo que publica el medio digital no es correcto (...) no tengo antecedentes de por qué lo plantea". 

Gajardo remarcó que "tenemos una situación cada día más compleja de (alta) población en nuestros centros penitenciarios; por lo mismo, estamos evaluando ampliaciones y mejoras en nuestros servicios penitenciarios a lo largo de todo el país".

En ese contexto "se han realizado visitas técnicas en prácticamente todos los establecimientos penitenciarios del país", pero aclaró también que "no hay ninguna remodelación en curso" en Colina 1.

"Pero insisto, yo no he dado ninguna instrucción para el cierre del Punto Peuco al director nacional de Gendarmería y estamos evaluando la situación en nuestros establecimientos penitenciarios, en particular en la Región Metropolitana, permanentemente", subrayó el abogado.

"No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales", opinó en abril del año pasado la ministra de Justicia, Maya Fernández (PS), nieta de Salvador Allende. 

En noviembre, en tanto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución para solicitarle al Presidente Gabriel Boric que el referido centro penitenciario sea adecuado para recibir a reos comunes.

REACCIONES DISPARES EN EL CONGRESO

Antes de que el subsecretario desmintiera el cierre, la medida había sido valorada por parlamentarios de izquierda.

"Me parece una decisión oportuna y atinada. Incluso más, diría que tardía, porque debe ser una señal muy potente que aquellas personas que cometan crímenes de lesa humanidad en nuestro país sepan que no van a tener ningún tipo de privilegio en materia carcelaria", dijo el diputado socialista Jaime Naranjo, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

La diputada comunista Carmen Hertz, integrante de la misma instancia, aseguró que "Punta Peuco debió cerrarse hace mucho tiempo; no es adecuado a los estándares internacionales que criminales de lesa humanidad como los que están ahí, que cometieron los peores crímenes contra la condición humana, disfruten de una cárcel especial", por lo que había considerado como "una buena noticia que el Presidente esté decidido a hacerlo".

Los representantes de la derecha en la comisión, por su parte, reaccionaron con algunos matices.

El diputado Jorge Guzmán, de Evópoli, había dicho que esperaba que el Ministerio de Justicia aclarese "las razones técnicas que validan o respaldan la decisión del cierre: si la respuesta no fuese técnica, sino puramente ideológica, claramente este cierre no va a contribuir a generar la unidad que Chile necesita, sino que al contrario volverá a abrir heridas del pasado que van a seguir dividiendo".

Su par de RN Ximena Ossandón, por su parte, apuntó a la situación de las cárceles en el país, aunque se mostró contraria a los beneficios penitenciarios: "La pregunta es si el cierre contribuye en una u otra dirección. Por un lado, no mejora, sino que empeora la realidad carcelaria, generando más hacinamiento adonde sean trasladados esos internos. Y por otro, reabre heridas en una forma de revancha por lo ocurrido, entorpeciéndose el camino de necesaria reconciliación tras el quiebre de la democracia".

ABOGADO PINOCHETISTA RECURRIRÁ A TRIBUNALES

De todos modos, uno que no tardó en reaccionar a la publicación periodística -desmentida por la autoridad- fue el abogado pinochetista Raúl Meza, conocido por reivindicar a la dictadura militar y sus crímenes, quien defiende a los reos del recinto ubicado en Til Til y que en el pasado ha sidosancionado por la Justicia por "graves faltas éticas".

Mediante un comunicado, dijo que "no existe justificación administrativa, reglamentaria, legal ni constitucional que justifique el cierre de Punta Peuco (...) en consecuencia emplazamos al Presidente Boric para que manifieste públicamente los fundamentos que justifican el cierre de dicho penal o en su defecto las motivaciones políticas".

Se trataría de una decisión, a su juicio, "arbitraria e ilegal que vulnera garantías constitucionales como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de los internos", por lo que recurrirá ante la ministra en visita Paola Plaza para que suspenda el eventuañ traslado de los reos ancianos con enfermedades crónicas y terminales a Colina 1 y presentará un recurso de protección en representación de los presos de Punta Peuco.

Punta Peuco se construyó bajo el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para el cumplimiento de penas de uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. Su cierre ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del Gobierno de Bachelet II estuvo a punto de concretarse, pero el ministro Jaime Campos rehusó firmar el decreto requerido.