Plantearon que estas modificaciones "debieron haberse adoptado hace mucho tiempo".
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró la opinión de los magistrados.
Cuestionaron diversos aspectos del proyecto.
La Corte Suprema manifestó su apoyo al proyecto que busca regular la sustitución de penas privativas de libertad por razones humanitarias, con el fin de que reos de avanzada edad puedan acceder a arresto domiciliario total.
Según publicó El Mercurio, en el documento remitido al Senado el 7 de febrero, se indica que "ha de darse de la bienvenida a una iniciativa de ley destinada a poner a nuestra legislación a tono con las tendencias, ya muy antiguas, de la dogmática y del Derecho Comparado, recogidas, incluso, en instrumentos jurídicos internacionales, que se mencionan en el propio proyecto".
Para los magistrados que firman el texto, estas modificaciones "debieron haberse adoptado hace mucho tiempo, destacándose nuestro país por tener una asignatura pendiente (...) vinculada, sin duda al Derecho Penal liberal, democrático y gobernado, en este sensible ámbito (frecuentemente dejado de lado, por crear incomodidad) por el principio de humanidad".
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoró "enormemente" la opinión del tribunal, indicando que "nos parece muy valioso el respaldo y la aprobación que ha hecho el pleno de la Ley Humanitaria. Esta es hoy una situación que no tiene una solución adecuada, como es la de aquellos condenados que tienen una enfermedad terminal o tienen una invalidez total".
Cuestionamientos al proyecto
Los supremos también dieron a conocer sus críticas al estado actual de la inicativa, advirtiendo que "no se contiene una definición de enfermedad en fase terminal, sin perjuicio que se la caracteriza en los fundamentos del proyecto"
Además, no calificaron como recomendable que el Servicio Médico Legal (SML) sea el único organismo público que verifique la situación de los condenados que busquen acogerse al beneficio.
Los jueces cuestionan su "pública y notoria carencia de recursos técnicos y humanos, que dilatan por largo tiempo la realización de los exámenes, pareciera conveniente proponer que puedan también encomendarse a un establecimiento público dotado de los medios que aseguren un cumplimiento expedito".
"Hemos conocido en forma preliminar algunos reparos y observaciones que realizan que nos parecen perfectamente atendibles", respondió Larraín.
