La hija del asesinado diplomático español denunció la ignorancia de los miembros de la comisión de RR.EE. de la Cámara Alta y los acusó de incumplir un acuerdo internacional adoptado por el Estado chileno.
Una fuerte crítica realizó Carmen Soria, hija del funcionario de Cepal Carmelo Soria, asesinado en 1976 por agentes de la dictadura, ante la decisión de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado de rechazar la indemnización de un millón y medio de dólares que debe pagar el Estado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En diálogo con El Diario de Cooperativa, Soria señaló que la decisión adoptada es una muestra de "ignorancia de parte de los legisladores en cuanto a los acuerdos internacionales, en que más allá del Gobierno, es el Estado chileno (el comprometido)".
La iniciativa fue impugnada por tres votos en contra de los senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Hernán Larraín, Juan Antonio Coloma y del designado Jorge Martínez Busch. En tanto se abstuvo el militante del Partido por la Democracia (PPD) Roberto Muñoz Barra y votó a favor el senador demócrata cristiano Gabriel Valdés.
Con la excepción de Valdés, los senadores "están faltando a un acuerdo a un tratado internacional que hace el Estado chileno y que firmó en su momento la hoy día candidata a senadora por la Zona Oriente (de Santiago) Soledad Alvear, que era ministra de Relaciones Exteriores en ese entonces y quien gestionó este acuerdo, dado el mandato que tenía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el actual secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que en ese entonces era ministro del Interior".
Ante la razón esgrimida por Muñoz Barra, que considera que el millón y medio para la familia Soria es mucho en comparación a otras indemnizaciones y que le daría vergüenza ver en la cara a parientes de otras víctimas de la dictadura de votar a favor de la iniciativa, la hija del asesinado funcionario del Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) fue tajante, exponiendo la realidad de su entorno familiar.
Según su relato, fueron víctimas de la dictadura "un tío, Carlos Godoy Lagarrigue, Iván Insunza Bascuñán, que es hermano de mi abogado Alfonso Insunza. Tengo a mi amigo de infancia Pedro Pérez Godoy, que fue acribillado con más de 20 balazos a los 15 años, tengo a mi padre asesinado".
"Yo voy a describir cómo lo asesinaron para que hablemos de la desigualdad con realidad. A mi padre le fracturaron casi todas las costillas, tiene fracturadas manos, pies y finalmente lo matan jalando su cabeza, que la ponen entremedio de dos peldaños de una escalera y la jalan", señaló.
"Cuando yo digo esto -añadió-, quiero decir que la cabeza de mi padre, su cara puede mirar hacia adelante y hacia atrás. Entonces, si el señor Muñoz Barra a mí me está diciendo que es una desigualdad y que él no tiene cara para muchos familiares, me gustaría decirle a él y a los otros legisladores de nuestro país que, si tienen cara, podrían hacer una cosa que es muy simple y que no la han podido hacer jamás que es derogar la Ley de Amnistía".
"Porque lo que a mí me interesa y creo que represento la voz de muchos familiares de asesinados políticos es que los criminales estén en la cárcel, porque yo hoy día camino por las calles de mí país y me puedo encontrar con Guillermo Salinas Torres, pablo Belmar Labbé, Jaime Lepe y Patricio Quilot en la calle. Y esas personas son las que asesinaron secuestraron y torturaron a mi papá. Y es más, son personas que aún reciben sueldo de las Fuerzas Armadas, sueldos que pagamos todos los chilenos".
"Entonces yo les propondría a estos legisladores que primero derogaran la Ley de Amnistía; que segundo, no se les siguiera pagando sueldo a aquellas personas que están procesadas o que están inculpadas de juicios por violaciones a los derechos humanos y con esto podemos ir al jefe mayor, que es Augusto Pinochet, que hasta el momento recibe sus sueldo de senador", recalcó.
Además, aseguró que sus acusaciones contra el vicecomandante de las tropas de las Naciones Unidas en Haití, Eduardo Aldunate, a quien vinculó con la represión durante la dictadura no influyeron en el rechazo de la comisión y sí apuntó a una desigualdad por la ideología política de su padre.
"Si aquí se estuviese votando una indemnización para la familia de Jaime Guzmán aquí se hubiese votado a favor", aseguró.
A pesar de su molestia por el rechazo, aseguró que no le ha interesado "jamás" el dinero. Aunque "creo que corresponde al Estado chileno pagar una indemnización", apuntó. (Cooperativa.cl)
