Tras 18 días de formalización, el juez Juan Carlos Silva, del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, decretó medidas cautelares en el marco del denominado "caso Basura" contra los alcaldes de Cerro Navia, Luis Plaza; y de Maipú, Christian Vittori.
Tras escuchar a los querellantes y a las defensas de 17 de los 18 involucrados, Silva decretó firma mensual y arraigo nacional para Óscar Lantadilla, Carlos Richter, Pamela Riquelme y Luis Riquelme.
Además, se decretó firma semanal y arraigo nacional para los imputados Christian Vittorri, Luis Plaza, Marcelo Torres, Lorenzo Pérez y Marcela Morales.
De esta manera, Silva rechazó otorgarle la prisión preventiva a ambos alcaldes, medida que era solicitada por los querellantes.
"Siendo necesario en este caso concreto un estándar que atribuya un grado de confirmación fáctica que nos permita superar los inconvenientes de la encubierta íntima convicción vigente en el actual sistema de imposición de medidas cautelares estándares, que en este caso particular no se cumplen respecto de alguna de las cautelares personales solicitadas por el Ministerio Público", afirmó el magistrado.
Los jefes comunales fueron imputados por diversos delitos como cohecho, malversación de fondos, soborno y lavado de activos luego de entregar una concesión en Maipú a la empresa KDM, los que fueron desacreditados por los jueces tras tres años de investigación.
El único delito que logró ser acreditado fueron las irregularidades en la licitación en los campos deportivos Don Óscar, ubicados en la comuna de Maipú, a Pedro Cisneros, quien entregó un vehículo al alcalde Vittori.
Alcaldes agradecieron apoyo
Tras la audiencia, Plaza manifestó que "Mandela fue un hombre que estuvo detenido por defender y poder crear que la gente que fue despreciada en el tiempo tuviera las mismas condiciones que los blancos y lo mismo hice yo. Yo en este momento estaba siendo ajusticiado por ponerme a disposición y hacer crecer a la comuna de Cerro Navia a la velocidad que la he hecho crecer".
Por su parte, Vittori comentó que "queremos agradecer el apoyo, la confianza, el cariño de tantas personas que nos han acompañado durante estos momentos difíciles, aquellos que creyeron en nuestra inocencia desde el principio a pesar de que el Ministerio Público no resguardó el derecho esencial de cada persona, el derecho a la presunción de inocencia".
La fiscal Tania Mora no descartó una posible apelación, recalcando que "en términos generales, ustedes vieron que es una audiencia que en términos de formalización duró más de cuatro semanas, lo que hace que sea una audiencia bastante sui generis. Sobre el particular de la resolución, la verdad es que el Ministerio Público la tiene que analizar, va a tener que estudiar, siempre de las resoluciones judiciales provienen recursos".
La investigación se extenderá por ocho meses y el Consejo de Defensa del Estado confirmó que apelará al fallo.