El abogado Pablo Rodríguez rechazó las presunciones que vinculan al ex dictador con el crimen de Eugenio Berríos y dijo que argumentará razones de salud contra la solicitud del juez Madrid.
Con bastante indignación recibió la defensa de Augusto Pinochet Ugarte la nueva petición de desafuero que pesa sobre el ex dictador, esta vez por el crimen del químico y ex agente de la DINA Eugenio Berríos.
El jefe de los abogados de Pinochet, Pablo Rodríguez Grez, aseguró que la solicitud elevada a la Corte de Apelaciones de Santiago por el juez Alejandro Madrid prueba que los Tribunales de Justicia actúan políticamente cuando se trata de su cliente.
Los cargos "obedecen a una persecución política", manifestó.
Además, refutó que haya algún antecedente de que Pinochet Ugarte ordenó personalmente asesinar a Berríos, para evitar que éste declarara a principios de los años 90 en la investigación por la muerte de Orlando Letelier en Washington, EE.UU.
Para Rodríguez, se trata de una situación injusta y parcial, frente a la que reiterará que el nonagenario general en retiro no tiene un estado de salud que le permita ejercer su derecho al debido proceso.
"En el caso del general Pinochet la Justicia esta totalmente politizada, aquí hay evidentemente posiciones políticas, de algunos ministros que quieren la persecución del general Pinochet, probablemente con el objeto de contrarrestar el desprestigio que constituyó para los tribunales no haber sido capaces de contrarrestar la violación de los derechos humanos durante el gobierno militar", aseguró.
Según fuentes judiciales, el general en retiro Hernán Ramírez Rurange, antiguo jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), confesó que el ex dictador lo mandató en 1991 para sacar al químico del país.
"No conozco las declaraciones del general Ramírez, pero puedo decir con certeza, y lo reitero, el general Pinochet no tiene intervención de ninguna naturaleza en estos hechos", respondió Rodríguez.
Las palabras de Rodríguez fueron consideradas normales de un abogado defensor por parte de la procuradora del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Luppi Aguirre, quien reiteró que hay antecedentes que vinculan al general (r) con el crimen del ex agente.
La última noticia que se tuvo de Berríos fue en 1992, cuando se acercó a una comisaría uruguaya denunciando que lo tenían secuestrado. Luego, en abril de 1995, su cadáver fue hallado en una playa del Río de la Plata, 30 kilómetros al oeste de Montevideo. (Cooperativa.cl)
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